El conflicto por la suspensión del transporte escolar escaló a instancias judiciales, luego de una reunión con los padres que dejó más dudas que certezas.
Sociedad 28 de febrero de 2024 Redacción SN
(SN; Aniscate) "Que atento a la deliberada, arbitraria, intempestiva y autoritaria decisión por parte de la Intendente de la localidad de Anisacate de dejar sin transporte escolar a niños/as de la localidad, denunciamos penalmente a la intendente Natalia Alejandrina Contini por actos de violencia infantil, violencia institucional, falsedad ideológica, destrucción e inhabilitación premeditada de vehículos de uso público, intimidación pública de los padres y los previstos en el articulo 181 bis del código penal argentino.", Este es el objeto de la denuncia formulada contra Natalia Contini realizada por el abogado Martín Contrera.
El conflicto por el transporte escolar gratuito escaló a instancias judiciales luego de una reunión con los padres que dejó más dudas que certezas. El día martes, Sumario Noticias publicó las declaraciones de uno de los padres afectados por la medida. El hombre declaró que hay 400 familias afectadas por la "arbitraria, intempestiva y autoritaria" medida. Según relevamientos realizados por los vecinos y cálculos realizados por Sumario, hay unos 240 chicos que se perdieron el inicio de clases.
La denuncia aclara "que el servicio se prestaba para los barrios marginales y es el único medio de transporte disponible para alumnos del Jardín de infantes, escuelas Primarias y secundarias de Anisacate, que entre los motivos que hacen de este servicio un elemento esencial para garantizar los derechos de los Niños, Niñas y adolescentes los establecimientos educativos se encuentran a más de 6 u 8 km en algunos casos".
Además, se detalla que el transporte escolar era el único medio que garantizaba la accesibilidad de niños de barrios marginales y advierte sobre la falta de transparencia de una medida "con la que se ha quitado un derecho adquirido para la comunidad y la defensa del mismo supone una violación directa a las garantías constitucionales, el derecho a la educación y además de la protección de los derechos de los niños/as y adolescentes".
Ante el reclamo de los padres, Contini había argumentado que la partida de dinero que había recibido la uso para pagar el Paicor, pero en seguida fue desmentida por Jonathan, padre afectado por la medida y presente en la reunión, porque en realidad el Paicor es un programa Provincial que no depende para nada del municipio. “Para que va a pagar el Paicor, en el hipotético caso en que lo haga, si los chicos no pueden ir al colegio”, declaró Jonathan exhibiendo su malestar.
En poco más de una semana, los casos se multiplicaron en proyección geométrica. Las largas filas matutinas esperando por atención en la guardia se transformaron en la preocupante postal de los últimos días.
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