Educación privada y educación pública

EDICIÓN IMPRESA

Sociedad 21 de mayo de 2017 Diario Sumario
El conflicto en el ámbito educativo marcó la agenda política de al menos la primera mitad del año en Argentina. Pero el asunto va mucho más allá de una reivindicación salarial.
El modelo educativo de nuestro país se dirime en el marco de un gobierno nacional que busca ampliar las zonas donde actúe la inversión privada y en el contexto de una ola mundial de avance privatizador en la temática, que tiene especial foco en América Latina.
En su libro "Capitalismo y Libertad” (1955), Milton Friedman argumentaba que el Estado no debería manejar las escuelas. En 2011, el Subsecretario de Inversiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Carlos Pirovano, puso el pensamiento de Friedman en Twitter: "¿Y si asumimos que la educación pública está muerta y con esa plata pagamos a los chicos una escuela privada?”.
La privatización educativa constituye una estrategia de diversificación para los inversores en período de crisis financieras. Después de sectores como transportes, telecomunicaciones, salud, etc. privatizados desde principios de los años 80 (origen de la revolución conservadora), el gigantesco mercado de más de cinco billones de dólares anuales de la educación despierta apetencias globales. Adriana Puigross señala "Desde el punto de vista del negocio de la educación, la tecnología es vista como una posibilidad de sustituir a la escuela y a los maestros por diversos programas que ya venden masivamente empresas, ONGs y fundaciones a nivel internacional”.
Aún cuando la educación privada pudiese funcionar como complementaria a la impulsada por los estados a los fines de ampliar opciones y fortalecer especificidades, la embestida privatizadora parece más interesada en la ampliación de negocios apuntalada por gobiernos proclives a soluciones de mercados para abordar problemáticas públicas. Estados que dejan espacios a las actividades privadas… Negocios que sustituyen derechos...
Hagamos foco en algunos datos regionales: en Brasil, el Gobierno de Michel Temer redujo para 2017 casi el 50 por ciento el presupuesto educativo y científico, llevándolo al 3,2% del PBI, a la par que instauró reformas que permite al Estado "tercerizar” sin restricciones. Por otra parte, la Universidad Autónoma de Barcelona alertó, semanas atrás, que en Uruguay hay un "clima político propicio" para ir hacia la privatización de la educación. En Argentina, el monto destinado a Educación y Cultura para 2017, a nivel nacional, corresponde al 6,78% del presupuesto total del país, por debajo del 7,16% que tuvo la cartera en 2016.
América Latina es la región en que la privatización educativa creció de forma más pronunciada y constante en las últimas décadas. A nivel primario, nuestro continente se destaca por tener la tasa de escolarización primaria privada más elevada del mundo. Y en el nivel secundario encabezamos el ranking de regiones con mayor participación privada, compartiendo posición con los países del África subsahariana, según el informe "La privatización educativa en América Latina: una cartografía de políticas, tendencias y trayectorias”. El trabajo, que vale la pena analizar, fue publicado en abril de este año por la Internacional de la Educación –IE-, federación mundial de sindicatos de la educación que representa a 32 millones de trabajadores y trabajadoras de la educación de todos los niveles, en más de 171 países y territorios de todo el mundo.
En Argentina -luego de alcanzar entre las décadas de 1940 y 1950 la menor tasa de escolarización privada de su historia en torno al 7% para el nivel primario- el período 1950-2015 registró un proceso de crecimiento progresivo de la matrícula en el sector privado hasta alcanzar el 30% actual en la educación obligatoria.
David Edwards, vicepresidente de la IE y representante de Bruselas, sostiene que el mundo vive una "crisis democrática” y los maestros son perseguidos porque las autoridades saben que los sindicatos docentes "son un pilar de la democracia que va a responder muy fuerte” frente a los avances de los gobiernos autoritarios. Para Edwards, "No se puede privatizar un derecho”, mientras afirma que para la mercantilización del sistema educativo se necesita del círculo vicioso que incluye el desprestigio de los maestros y de la educación pública.
La propia prueba Aprender 2016 -que según el presidente Macri refleja la dificultad de quien tiene que "caer” en la escuela pública- señala una situación fundamental a tener en cuenta: cuando aumenta el nivel socioeconómico de los alumnos aumenta el porcentaje de alumnos que asisten a escuelas del sector privado. Alieto Guadagni, director del Centro de Estudios de la Educación Argentina (CEA) de la Universidad de Belgrano, sostiene "Mientras el nivel de conocimientos de nuestros niños y adolescentes dependa del dinero que tengan sus padres, nos alejaremos cada vez más de un país no sólo con justicia social, sino también con un crecimiento económico sostenido”.

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