El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, y el intendente del municipio bonaerense de Pilar, Federico Achával, rechazaron la decisión del gobierno nacional de auditar la creación de cinco universidades nacionales, de las cuales dos pertenecen a sus jurisdicciones, y llamaron a "defender el sistema universitario".
Política 29 de febrero de 2024 Redacción SN
(Télam, Córdoba) En ese sentido, el jefe comunal de Pilar indicó que hará una presentación judicial para "evitar el daño" que genera la decisión del ministerio de Capital Humano de "revisar la creación" de estas instituciones educativas.
Llaryora calificó como "tremendamente lamentable" la medida anunciada ayer por el vocero presidencial, Manuel Adorni, de "revisar y auditar la creación de cinco universidades nacionales" -la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, de Ezeiza, el Delta, de Pilar y de la ciudad cordobesa de Río Tercero- aprobadas por ley en el Congreso nacional en septiembre pasado.
"Es un hecho tremendamente lamentable. Los habitantes de Río Tercero no se merecen que se les corte este proyecto universitario y tienen la solidaridad de todos los cordobeses", expresó hoy el mandatario provincial durante un acto por la ampliación presupuestaria para el Boleto Educativo Cordobés y el Boleto Obrero Social, del que participó el intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer.
El gobernador recalcó que en su provincia "la pertenencia a distintos partidos políticos no impide el trabajo conjunto y colaborativo" y aseguró a Ferrer que podrá "contar con el apoyo de todos nosotros, para que Córdoba defienda al sistema universitario y a la Universidad de Río Tercero".
En este mismo sentido, Achával se refirió desde su cuenta de la red social X a la medida que afecta a la Universidad Nacional de Pilar, a la cual definió como "un sueño de nuestra comunidad", y aseveró: "Vamos a hacer todo lo que sea necesario para defenderla".
"La resolución va en contra de los miles de pilarenses que apoyaron para que la Universidad sea una realidad", expresó el intendente.
También adelantó que desde el municipio se realizará una presentación judicial "para evitar el daño que genera la resolución arbitraria del Ministerio de Capital Humano".
"Una vez más, volvemos a convocar a los vecinos e instituciones de nuestra comunidad para que se acerquen a las plazas, estaciones y a cada lugar que sea necesario para apoyar con su firma la presentación judicial que proteja este sueño por el que tanto luchamos", solicitó Achával.
Y completó: "Queremos que Pilar continúe creciendo a través de la educación, y la Universidad va a permitir que miles de jóvenes se formen y contribuyan al futuro de la Argentina, la Provincia y Pilar".
Según lo informado por Adorni ayer durante su habitual conferencia de prensa desde Casa de Gobierno, junto con esta medida promovida por el Ministerio de Capital Humano, también "quedan suspendidos el nombramiento de cinco rectores que habían sido definidos con anterioridad" a la asunción del nuevo gobierno.
El funcionario indicó que "en dos de esas universidades" se está "revisando" el destino que tuvieron unos "800 millones de pesos" transferidos a su estructura.
"Queremos saber cuál es el destino de esos fondos", agregó Adorni.
La cartera dirigida por Sandra Pettovello, decidió por medio de una resolución revisar la creación por ley de esas universidades con el objetivo de "evitar la duplicación y superposición de estructuras jerárquicas y de garantizar que la oferta educativa cumpla con la calidad y pertinencia debida".
La medida procura, además, "determinar si el procedimiento administrativo exigido por la Ley de Educación Superior para crear nuevas universidades fue debidamente cumplido, si las condiciones allí establecidas fueron realmente satisfechas y se encuentren debidamente documentadas y si la pertinencia, oportunidad y la previsión del crédito presupuestario correspondiente, en base a un estudio de factibilidad, avaló la iniciativa".
Además, extendió una semana más la dispensa laboral. SiPreBa rechazó las medidas y convocó a una asamblea en la CGT en defensa de los 700 trabajadores y trabajadoras cuyos trabajos se encuentran en peligro.
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