Miércoles 23 de Octubre/10:24 hs
EDICIÓN IMPRESA

Claveles

Caso Pavón: Condenaron a tres expolicías por detenerlo ilegalmente.

Por Julia Conalbi

De nuestra redacción

 

“Voy a evocar al fin toda aquella locura argentina, todos aquellos seres arrebatados por la violencia. Me he decidido, porque muy a menudo pienso en los muertos, pero también  porque ahora sé que no hay que olvidarse de los vivos. Más aún: estoy convencida de que es imprescindible pensar en ellos”
Laura Alcoba, “La casa de los conejos”, 2007.

Un refrán popular sentencia que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. La idea de aquella frase está presente de manera muy fuerte en los organismos de derechos humanos en Argentina. Los reclamos de memoria, verdad y justicia postulan rescatar del olvido lo sucedido, conocer exactamente qué ocurrió y juzgar a los responsables. El pasado 12 de marzo, concluyeron las audiencias por un nuevo juicio de Lesa Humanidad en la sede del Tribunal Oral Federal Nº1 de Córdoba. Se trata del onceavo proceso de este tipo en la provincia y es el primero desde la muerte de Luciano Benjamín Menéndez. 
Una de las causas que se investigó fue el secuestro y posterior desaparición del altagraciense Hugo Alberto Pavón. En el banquillo de los acusados, se sentaron por ese caso los expolicías Miguel Ángel Gómez, Roque Cámara y José Antonio Cuello. El camino que se transitó desde el 30 de abril de 1976 hasta la condena dictada el 12 de marzo de 2019 por el tribunal fue largo y sinuoso. No es casual que haya sido un camino que llevó cuarenta y tres años recorrer.

Invierno
Hugo Alberto Pavón estaba en su casa el 30 de abril de 1976. Vivía en Avenida del Libertador al 1700 junto a su madre y dos jóvenes brasileños que alquilaban una pieza en la vivienda: Ramona Sánchez y Carlos Varela Alves. Allí irrumpieron efectivos policiales y militares que sacaron a los tres jóvenes de la vivienda y los trasladaron a la Comisaría de Alta Gracia. El operativo fue visto por numerosos testigos, dos de ellos eran amigos de Pavón: Enrique Carlos Mondaini Ludueña y Raúl Ángel Cerezo. El primero de ellos viajaba en un colectivo que estaba entrando a la ciudad cuando se realizó la detención. El segundo, observó lo que ocurría desde la ventana de su casa, en la vereda del frente.


Aquella tarde, el Terrorismo de Estado golpeó con toda su furia en Alta Gracia. Tres jóvenes fueron secuestrados de una vivienda, trasladados a la comisaría local y de allí al Departamento de Investigaciones D2 de la Policía de Córdoba. Estuvieron en ese centro de detención al menos cuatro días: uno de ellos nunca regresó. En mayo de 1976, Hugo Alberto Pavón Quiroga se convirtió en el primer desaparecido de la ciudad. Y sería, durante mucho tiempo, el más olvidado también. Su nombre fue silenciado y su recuerdo colectivo se fue diluyendo poco a poco. Pasarían al menos treinta años hasta que se reclamara por él.
Los pedidos de justicia por los desaparecidos durante la dictadura surgieron cuando Jorge Rafael Videla aún estaba al mando de la Junta Militar que gobernaba el país. En Buenos Aires, el 30 de abril de 1977, las Madres de Plaza de Mayo se reunieron por primera vez a pedir aparición con vida de sus hijos.  Por aquel entonces, en Córdoba ya se había formado la Asociación de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. En Alta Gracia, se cumplía un año de la detención de Hugo Pavón, pero reinaba el silencio. La ciudad contaba tristemente dos desaparecidos más: Carlos y Alicia D´Ambra y muchos altagracienses se cruzaban de vereda cuando veían a sus padres, “Charo” y Emi.


En 1983, con el retorno de la democracia, los gritos reclamando justicia por los crímenes cometidos durante la dictadura resonaron con más fuerza. Al año siguiente se publicó el informe de la Conadep titulado Nunca Más. En 1985, comenzaron a juzgarse algunos crímenes con el llamado Juicio a las Juntas. Al juzgar solamente a los responsables últimos de los crímenes cometidos entre 1976 y 1983, solo hubo nueve procesados: Jorge Rafael Videla, Orlando Ramón Agosti, Emilio Eduardo Massera, Roberto Eduardo Viola, Omar Graffigna, Armando Lambruschini, Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Anaya.


Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida sancionadas en 1986 y 1987 respectivamente, emplazaron definitivamente las denuncias que podían realizarse sobre delitos cometidos en la dictadura y sentenciaron que los únicos responsables serían aquellos que habían dado las órdenes. En ese momento, nadie había denunciado la desaparición de Hugo Alberto Pavón y ningún organismo reclamaba justicia por él. En 1990, el entonces presidente Carlos Saúl Menem decretó los indultos que eximían de responsabilidad a todos los participantes, incluyendo aquellos que ya habían sido juzgados.

Primavera
Al cumplirse 20 años del último golpe militar, surgió la organización Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.). El grupo nació pleno momento de vigencia de las leyes de impunidad y se caracterizó por escrachar a diferentes responsables de crímenes y delitos durante la última dictadura militar bajo la consigna “si no hay justicia, hay escrache”. Ya había transcurrido casi una década de militancia junto a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas cuando vieron el fin de la obediencia debida, el punto final y los indultos. 
En 2003, el Congreso de la Nación declaró la nulidad de la Ley de Obediencia Debida y de Punto Final. En marzo del año siguiente, se inauguró el Espacio para la Memoria en la ex Escuela de Mecánica de la Armada (Esma). Para ese acto, la agrupación HIJOS repartió entre el público claveles rojos para recordar a los desaparecidos. El símbolo perduró a los siguientes actos, manifestaciones y reclamos de justicia respecto de los hechos ocurridos en la última dictadura militar. Faltaba poco para que el nombre de Hugo Alberto Pavón Quiroga emergiera del olvido.


En un contexto nacional de creación de espacios de memoria y homenajes a los desaparecidos, se instauró en Alta Gracia el nombre de la calle Hermanos D´Ambra. En el acto de imposición de nombre de esa arteria, una persona se acercó a un periodista de este medio y dijo las palabras que abrirían la puerta a una investigación que obtendría el segundo lugar del Concurso de Periodismo Rodolfo Walsh en 2008: “Hay otro desaparecido en Alta Gracia”. La frase, seguida del nombre de Pavón, fue el punto de inicio para conocer lo sucedido con la única víctima fatal de un secuestro cometido en la ciudad.
En 2006, los indultos dictados por Menem fueron considerados inconstitucionales. A partir de ese momento, comenzaron más juicios contra represores y responsables de los crímenes cometidos entre 1976 y 1983. Los claveles florecieron en numerosos puntos del país acompañando los pedidos de Justicia.


En julio de 2007, una tapa de Sumario, el diario de los viernes, le gritó a la ciudad de Alta Gracia que Hugo Pavón era otro de sus desaparecidos. A partir de la visibilización que obtuvo el caso, comenzaron a surgir nuevos testimonios. En 2011, la Justicia Federal comenzó a investigar la desaparición de Pavón.

Verano
La máxima expresión de los juicios por crímenes de Lesa Humanidad en la provincia de Córdoba fue la llamada Megacausa La Perla. El juicio que condenó a responsables de delitos cometidos en La Perla y Campo de la Ribera comenzó en 2012 y finalizó casi cuatro años después, el 25 de agosto de 2016. Esa jornada, la calle Concepción Arenal, donde se ubican los Tribunales Federales de Córdoba, se convirtió en una marea roja. Organismos de derechos humanos, instituciones educativas y numerosas organizaciones convocaron a la lectura de la sentencia. Casi todos los presentes sostenían con firmeza un clavel en sus manos. Un enorme número 30.000 formado por flores rojas sobrevolaba la multitud. 16 expedientes, 45 represores, 416 víctimas y 900 testigos fueron las cifras del mayor juicio en la historia de Córdoba.

Otoño
El megajuicio comenzó en plena época de apogeo de los procesos judiciales contra los represores de la última dictadura. Sin embargo, se había desarrollado poco más de la mitad de las audiencias cuando el cambio de color político en el Gobierno nacional impulsó medidas más blandas contra los genocidas. El 2x1 y la concesión de numerosos beneficios de prisión domiciliaria a los responsables de crímenes de lesa humanidad despertaron indignación en los sectores de defensa de los derechos humanos. A pesar de esos vientos de impunidad, el tribunal presidido por Jaime Díaz Gavier dictó 28 cadenas perpetuas y 5 absoluciones.


Dos años después, a mediados de 2018, se anunció que el 6 de noviembre comenzaría el juicio que llevaría al banquillo a expolicías acusados de la detención de Hugo Pavón. Tres de ellos fueron condenados. El tribunal dictaminó que Miguel Ángel Gómez recibiera 9 años de prisión y los altagracienses Roque Osvaldo Cámara y José Antonio Cuello obtuvieran una pena de 4 años. El cargo por los que el tribunal conformado por Julián Falucci, Jaime Díaz Gavier y Fabián Asis encontró a los altagracienses penalmente responsables es el de ser coautor de privación ilegítima de la libertad agravada en tres ocasiones. Es decir, por haber detenido ilegalmente a tres víctimas: Ramona Sánchez, Carlos Varela Alves y Hugo Alberto Pavón Quiroga. 
En su última intervención antes de la lectura de la sentencia, el fiscal general Maximiliano Hairabedian solicitó “aunque no afecta la situación de ningún acusado, el tribunal declare la desaparición forzada y posterior asesinato de Hugo Alberto Pavón Quiroga. No afecta a ningún acusado en particular, pero lo pido por justicia a las víctimas y a sus familiares. Por lo tanto, solicito que el tribunal declare la existencia de ese hecho”.


A 43 años del secuestro de Pavón, la Justicia delibera declararlo oficialmente como un desaparecido de la dictadura. Los únicos condenados son quienes lo detuvieron. Quienes le impusieron tormentos y lo asesinaron aún gozan del injusto privilegio de la impunidad. Pese a ese trago amargo, la sentencia fue celebrada a la salida de la última audiencia del juicio de la llamada Causa Montiveros. No fue una marea humana, pero gran cantidad de militantes se acercaron a Tribunales Federales con claveles rojos. A contracorriente de los vientos de impunidad hacia los genocidas, la sentencia cuyos fundamentos se leerán el próximo 10 de abril dictaminó cinco prisiones perpetuas y cuatro condenados a penas entre 2 y 9 años de prisión. Ocho acusados fueron absueltos.


Los claveles son plantas que requieren agua de manera constante y temperatura templada. Por estas razones, florecen principalmente en primavera y verano. Sin embargo, protegiéndolos de las bajas temperaturas y con atención especial, pueden dar flores durante todo el año.

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