Díaz y López: dos torturadores que quieren volver a la calle

(Alta Gracia, de nuestra redacción) Carlos "HB” Alberto Díaz y Arnoldo "Chubi”José López fueron condenados a prisión perpetua en la Megacausa La Perla. Ambos están condenados por unos 400 hechos de privación ilegítima de la libertad agravada; otros 400 de imposición de tormentos agravados y más de 200 de homicidios calificados. Ambos son vecinos de la región: Díaz, de Alta Gracia y López, de Villa La Bolsa. Pasaron pocos días desde que la Corte Suprema de Justicia emitiera un fallo beneficiando a un condenado por crímenes de lesa humanidad a una reducción de la condena, aplicando la figura del dos por uno. El fallo se conoció el 3 de mayo, y López, rápido de reflejos, el viernes 5 comenzó desde la cárcel con las gestiones que le permitirían recortar la pena. Pocos días después, el miércoles 10, Díaz avanzó en el mismo sentido. En esa intensa semana se multiplicaron las repercusiones de la decisión de Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, tres de los ministros de la Corte. Díaz había sido detenido en 2003 y López en 2005, con lo cual, de aceptarse el pedido, recuperarían la libertad rápidamente.

El amplio repudio político y social al fallo, llevó incluso a que el Congreso de la Nación sancionara inmediatamente una ley queestablece que el beneficio del dos por uno "no es aplicable a conductas delictivas que encuadren en los delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra”.El proyecto sólo tuvo un voto negativo en la Cámara de Diputados, y el Senado votó por unanimidad. Incluso el Presidente Mauricio Macri, aunque se hizo esperar una semana, manifestó su oposición al fallo.

Paso atrás

El 25 de agosto de 2016, 15 mil personas celebraron en la ciudad de Córdoba la sentencia en el marco de la Megacausa La Perla, por la cual Luciano Benjamín Menéndez recibió la 14ª condena a cadena perpetua y otros 16 acusados corrieron la misma suerte. Ocho meses después, un fallo de la corte les entreabrió la puerta de la cárcel a través de una reducción de la pena. Un total de 11 represores condenados pidieron el beneficio a la Justicia.

El Fiscal General Nº 2, Carlos Gonella, quien participó del juicio, calificó como "un retroceso” la decisión de la Corte Suprema. "A las consecuencias yo las pondero en dos planos: jurídico y social. Socialmente para las víctimas es algo muy fuerte, para los casos de desaparición forzada, de bebés apropiados, encontrarse con un represor en libertad, en la calle no es una situación agradable. Desde el punto de vista jurídico yo considero que lo que ha ocurrido es una regresión, un retroceso en la jurisprudencia en materia de Derechos Humanos. Los tribunales tienen que avanzar en esta materia, no pueden retrotraerse porque lo dice la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos”, explicó Gonella. Además, subrayó: "el fallo tiene un problema jurídico porque desconoce los compromisos internacionales asumidos por Argentina, por los cuales el estado se compromete a no adoptar medidas que limiten la no investigación o la falta de sanción efectiva a los responsables de estos graves crímenes. Este es un argumento jurídico fuerte que la Corte ha solayado”.

Por otra parte, Gonella remarcó que el 2x1 no se encuentra vigente en la actualidad y su aplicación en los '90 se debió a una situación de emergencia debido a que las cárceles estaban saturadas de presos sin condena. "No pasa algo distinto en la realidad, pero esta ley fue una ley de emergencia. Si no se puede aplicar a alguien que esta preso por robo y cumplió los dos años de prisión preventiva, mucho menos a condenado por un grave crimen contra la humanidad. Estos son delitos imprescriptibles, el Estado no tiene límite de tiempo para juzgar y condenar, menos aún se puede aplicar un régimen privilegiado para computar el tiempo que determina la prisión preventiva”, indicó.

"Tenemos que seguir atentos”

Desde que fueron derogadas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en 2003 se retomaron los juicios, fueron cientos los genocidas enjuiciados y condenados en la Argentina. 122 fueron los nietos recuperados por las Abuelas de Plaza de Mayo. Asimismo, los organismos de Derechos Humanos siguen en la búsqueda de responsables civiles, judiciales y eclesiásticos de lo ocurrido en la última dictadura militar. El fallo de la Corte devolvió la sensación de impunidad, pese a que el Congreso de la Nación actuó rápidamente en contra de la medida. En ese marco, Sara Waitman -ex presa política, detenida con su pareja Carlos D'Ambra, uno de los vecinos de la ciudad que aún continúa desaparecido- expresó: "Es muy preocupante la situación. El año pasado con la Asociación Nacional de Ex-presos Políticos nos reunimos con el secretario de Derechos Humanos de la Nación y nos dijo: 'piensen que los juicios no van a durar toda la vida porque ustedes son víctimas y no pueden seguir sufriendo'. Nada más alejado de lo que nosotros queremos. Y esto que ocurrió ahora no es casual. Justo cuando estamos por la complicidad civil y de los magistrados -que se suspende porque no hay jueces- quieren suspender los juicios. Se vienen dando las cosas como creíamos que iban a pasar con este gobierno”. Además, destacó: "Ellos no esperaban una respuesta tan rápida de todos los bloques y ver el apoyo del pueblo. Nosotros no damos por terminado nada, este es un gobierno de derecha que va a intentar por todos los medios. Esperemos que los jueces den las condenas que corresponden. Hay que seguir atentos”.

El impacto de la posibilidad

La respuesta ante la posible liberación de genocidas generó una respuesta contundente. En la ciudad, el Colectivo Paravachasca por la Memoria emitió un comunicado en repudio y representantes de las dos fuerzas políticas representadas en el Concejo Deliberante también se manifestaron en contra de la medida.

Carlos Díaz y Arnoldo "Chubi” López hombres de frondosos antecedentes en el marco de la aplicación del terrorismo de estado que sufrió la Argentina, pidieron volver a la calle. El rápido accionar social y político, le impiden en este momento, esa posibilidad.