Mujeres al borde del estado de emergencia

Alta Gracia de nuestra redacción

Los datos del año pasado arrojan un resultado estremecedor: 23 mujeres fueron asesinadas en Córdoba, una de ellas en Alta Gracia. En unos meses, se conocerán los datos de 2017 y la situación no parece que vaya a mejorar, más bien al contrario. A esta altura ya se han registrado aún más casos que en 2016.

Pero el femicidio es la etapa final de lo que se conoce como violencia machista o de género. Hasta llegar a ese trágico desenlace, hay miles de situaciones denunciadas -y seguramente cientos de miles silenciosas- que configuran una realidad de abuso, de maltrato, de acoso, de violencia física y psicológica, que no siempre puede frenarse a tiempo. En la ciudad, hay dos Tribunales Multifueros, a cargo de dos Juezas, con una sola Mesa de Entradas con competencia en  violencia familiar; y cuentan con sólo tres empleados y una funcionaria, puntualmente asistidos por una psicóloga y una trabajadora social. Con estos recursos humanos, hay que dar respuesta a todos los casos del Departamento Santa María, antes de que se configure un delito. Y en lo que va del año, más de 1.300 casos habrían llegado a la Mesa de Entrada.

Aumento de los delitos

En el edificio de los tribunales de Alta Gracia, los fiscales aseguran que llegan a sus manos alrededor de cinco casos diarios, de promedio, de asuntos relacionados con la violencia contra las mujeres. Aunque si consideramos las cifras de todo el Departamento, los expedientes pueden alcanzar fácilmente la docena, en sólo un día de trabajo. 

Consultado sobre el Programa de Seguridad Ciudadana y de la reciente reunión del Consejo, según informó Sumario el diario de los viernes en la pasada edición, el fiscal Alejandro Peralta Ottonello afirmó que el tema de la violencia de género no fue objeto de debate "porque no estaba en el Orden del día”. Frente a la pregunta de por qué no se da prioridad a un tema tan grave, que provoca igual o más número de muertes que el delito común, el fiscal aseguró que "todos los recursos que se puedan destinar al tema son pocos, porque la realidad es terrible”, aunque reconoció que, evidentemente, un mayor número de funcionarios facilitaría la tarea. Mientras tanto, y siempre según las palabras de Ottonello, "se intenta volver más eficiente nuestro trabajo a partir de la colaboración en red con la Unidad Familiar de la Municipalidad, la policía, los recursos de Córdoba Capital, etc.”

Las cifras van en aumento y, actualmente, de los 4 mil sumarios que llegan a la fiscalía, más del 25% son de violencia contra las mujeres. Por su parte, el fiscal Emilio Drazile es contundente. "La Unidad Familiar le dedica la inmensa mayoría de sus recursos a los temas de violencia, pero con la judicialización no solucionamos el problema... "Las autoridades podemos reprimir -dice el fiscal- pero el sistema no ofrece ninguna posibilidad de tratamiento, que sin duda debe ser multidisciplinario, y por eso hay un altísimo índice de reincidentes”.

Las políticas públicas

Desde la aprobación de la ley 9.283 en 2006 hasta hoy, jueces, fiscales y funcionarios reconocen que se ha dado un gran paso y que en los últimos 10 años se ha asumido realmente el tema. 

Es por ello, quizás, que no hay acuerdo sobre el verdadero significado de las cifras que se manejan. La pregunta que permanece sin respuesta es si realmente aumentan los casos de violencia familiar y los delitos contra las mujeres, o si lo que ocurre es que ahora se denuncia más, se judicializa y se hacen públicos a través de los medios.

Desde los juzgados de familia trabajan para intentar dar una solución preventiva o al menos frenar la escalada de violencia. Cuando ya hay delito, la autoridad judicial actúa para reprimir al agresor y para proteger a la víctima. Pero además, en la última década han aparecido en escena otras entidades, fuera del Poder Judicial, cuya labor es indispensable. Movimientos de mujeres; programas gubernamentales; iniciativas de las escuelas, de los dispensarios, de los centros vecinales; formación universitaria específica en los temas de género y, por supuesto, una mayor conciencia de las mujeres acerca de su realidad y sus derechos.

En un país como Argentina, en el que la cifra de una mujer asesinada cada 30 horas permanece constante, la aparición de esta conciencia y de estas iniciativas es más que lógica. Pero en Alta Gracia, las políticas públicas parecen ir más lentas que el fenómeno social. De hecho, el Consejo de la Mujer fue creado en mayo de este año y su presidenta, la concejala Daniela Ferrari, insiste en que "se trata de un órgano consultivo, en ningún caso ejecutivo”. Y las acciones concretas que se han llevado a cabo en estos meses se limitan a la actualización del protocolo de prevención, que se continúa elaborando.

Consultada por este medio sobre la relación con el Consejo de Seguridad Ciudadana, Ferrari destacó que "están en contacto permanente porque el concejal Mariano Agazzi, que participa de ambos consejos, actúa como enlace”. En cuanto al funcionamiento -no exento de polémicas a partir de que se retirara del Consejo de la Mujer el colectivo Ni una menos- la presidenta informó que las reuniones están previstas para el último miércoles de cada mes, pero reconoció que en octubre no se pudieron reunir, "por problemas de agenda”.

La respuesta social

La prevención, el abordaje multidisciplinario y la educación son las herramientas estratégicas ampliamente demandadas. Así lo aseguran desde el Poder Judicial y lo exigen desde los movimientos sociales. En Alta Gracia, principalmente desde el Colectivo Ni una menos. Además, otro tanto reclaman los docentes y el personal sanitario.

No son pocos los que piensan que la ley podría convertirse en letra muerta, porque la realidad es muy diferente. Por ejemplo, no existe en todo el Departamento una Unidad de Constatación, prevista en la ley provincial, que integre profesionales de todas las áreas que debieran estar involucradas y que serviría para hacer un seguimiento y una evaluación constante de esta lacra social que es la violencia machista.

Frente al asesinato de Johana Altamirano y de Ana Barrera la movilización social fue inmensa. Ahora, falta que a esa reacción ciudadana le siga una respuesta pública y oficial, que asuma el estado de emergencia en el que se hallan las mujeres. Y aunque todavía no acabó el año y no se han hecho las estadísticas oficiales, los medios de comunicación dan cuenta de un homicidio en ocasión de robo hace más de dos años frente a, al menos, un femicidio anual desde 2015.

A Córdoba con el dolor a cuestas