Provinciales

Profesionales de Córdoba rechazan el veto a la ley de Salario Mínimo Profesional

La Federación de Entidades Profesionales de Córdoba repudia el veto presidencial a la ley de Salario Mínimo Profesional

(Prensa, Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Córdoba) La Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Córdoba (FEPUC) expresa su repudio ante el reciente veto presidencial a la ley de Salario Mínimo Profesional. La norma que había sido aprobada por el Congreso de la Nación planteaba la reforma a la Ley de Contrato de Trabajo y reinstauraba la vigencia del salario mínimo profesional.
La entidad rechaza "la decisión política de abatir el legítimo derecho que involucra a los profesionales, de ser reconocidos como tales en la legislación de fondo que regula las relaciones laborales”.

A través de un comunicado, manifiesta: "Frente al veto presidencial impuesto al Proyecto de Ley aprobado por el Honorable Congreso de la Nación bajo el Nº 27.331, por medio del cual, a través de la reforma pertinente a la Ley de Contrato de Trabajo, se reponía la vigencia del salario mínimo profesional, oportunamente suprimido por la dictadura militar, FEPUC, más allá del reconocimiento a las potestades constitucionales que atañen al Poder Ejecutivo Nacional, manifiesta su más enérgico repudio”.

Asimismo, agrega: "Una vez más, la cruda realidad demuestra que los profesionales son soslayados - ora deliberadamente - de las políticas económicas y sociales que pretenden trazar el rumbo del país. La norma vetada, emanada de los representantes del pueblo y de las Provincias argentinas, inspirada en el principio "igual remuneración a igual trabajo”, que arraiga en el derecho de igualdad ante la ley garantizado por el art. 18 de la Constitución Nacional, ha sido vulnerada por el Poder Ejecutivo Nacional, colocando a los profesionales en una situación de desprotección frente a los avatares del mercado”.

Finalmente, la federación exhorta a las entidades representativas de los profesionales de todo el país a pronunciarse en defensa de los legítimos intereses de sus representados e insta al Congreso de la Nación a ejercer la potestad de revisión del veto presidencial.
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