Martes 17 de Septiembre/16:40 hs
EDICIÓN IMPRESA

Muchas dudas y dos décadas de vaivenes judiciales sobre la muerte de un joven

Pablo Fernández vivía en barrio Cámara y murió luego de ser detenido en Despeñaderos.

Por Julia Conalbi

De nuestra redacción

 

El 24 de noviembre de 2001, Pablo Ariel Fernández salió a un boliche bailable de Despeñaderos y fue la última vez que su familia lo vio con vida. Dieciocho años más tarde, todavía no hay un fallo firme sobre lo sucedido. Fernández murió en la comisaría de Despeñaderos. La policía informó que había sido encontrado colgado de su camisa y que se trataba de un suicidio. Su familia denunció un asesinato a manos de los oficiales. Entre fallos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pasaron dos décadas.


La historia comenzó a fines de 2001. En su edición 139, Sumario publicaba que comenzaba la investigación luego de que la familia denunciara que el joven de 21 años detenido tras concurrir a un boliche, no se había suicidado como decía la policía. En una nota realizada a Daniel, hermano del fallecido, el joven exponía todas sus dudas respecto de cómo había muerto el detenido. “Está todo golpeado y me dicen que se ahorcó, ¿qué puedo pensar?” se preguntaba en ese momento.


“Fernández era una persona que vivía en Alta Gracia, que trabajaba de hacer changas y no tenía antecedentes penales ni contravencionales. Al parecer, hubo una pelea con el hijo de un comisario de apellido Machado, supuestamente por algo relacionado con la novia de este último, y los llevan a los dos al hospital y luego detenidos. Posteriormente, Machado desaparece –no hay constancia de liberación- y como no estaba, ya no podían imputarlo de nada a Fernández, por lo que en el libro de guardia quedó asentado que está detenido para su protección y custodia” explicó Alejandro Zeverín, abogado de la familia Fernández.


Al día siguiente, la policía informó que Pablo Fernández se habría suicidado y que fue encontrado en su celda, colgado de su camisa. Sin embargo, la versión oficial no convenció a su familia ni tampoco a los abogados que tomaron el caso. “Dicen que Fernández se habría suicidado, pero estaba muy golpeado. La primera autopsia, realizada por Enrique Rigatuso, dio un resultado muy dudoso. El cuerpo tenía surcos en las muñecas, como si hubiera estado atado. Además, la marca en el cuello no se correspondía con una tela sino con una superficie cintada. Tenía todos los huesos de la cara destrozados y según el informe, esas lesiones habían sido provocadas antes de la muerte” indicó Zeverín.


Luego de casi dos décadas de investigación, recursos y estudios sobre lo que podría haber ocurrido aquella noche de noviembre de 2001 en la subcomisaría de Despeñaderos, Zeverín elaboró una hipótesis de los hechos. “La mecánica de lo que había pasado era muy clara. Lo habían sentado en una silla, lo habían atado y lo agarraron del cuello con un cinto o algo similar. Tenía las manos atadas hacia atrás y alguien le pegaba de frente” explicó el abogado a Sumario, el diario de los viernes.
Para Zeverín, a partir de la muerte de Fernández y la denuncia de la familia, comienzan diferentes maniobras para encubrir los hechos. “El fiscal Emilio Drazile y su secretario Alejandro Peralta Ottonello imputan a cuatro policías por tormentos seguidos de muerte y comienza la investigación. Allí suceden varias irregularidades y la causa va a parar a Córdoba –Tribunal Superior de Justicia-. Allá se aferran a la teoría de la defensa de los policías, que decían que los golpes se habían producido al descolgarlo en la celda. Esto es algo ridículo: quiere decir que al bajarlo se habría golpeado la cara, marcado las manos y también se habría fracturado varios huesos, incluyendo algunas costillas. A partir de eso, el Tribunal Superior de Justicia sobresee a los policías” relató Zeverín, quien además denunció que: “Nunca nadie buscó al hijo del comisario, tampoco a la novia y –sospechosamente- un preso que ese día estaba alojado en la celda de al lado a la de Fernández y podría haber sido un buen testigo, obtuvo la libertad”.


A partir del primer fallo del Tribunal Superior de Justicia, Zeverín presenta un recurso extraordinario que fue rechazado por considerarse fuera de plazo por considerar como día hábil el del censo nacional del año 2010. Entonces, el abogado apeló a la Corte Suprema de Justicia de la Nación quien determinó que el recurso no era extemporáneo y le ordena al tribunal cordobés a revisarlo. “El Tribunal Superior de Justicia lo revisa de una forma absolutamente soberbia sin querer darle la razón a la familia y ordena revisar si no fue un hecho culposo. Esto era ridículo porque habían pasado 14 años y un hecho culposo prescribe a los cuatro años. Era una resolución que se reía de la Corte” señala Zeverín.


Nuevamente, el abogado recurre a la Corte Suprema. Esta semana, una nueva resolución del máximo órgano judicial del país le ordenó al tribunal provincial dejar sin efecto el sobreseimiento. “En cien años de historia judicial, nunca la Corte ha revocado una resolución del TSJ dos veces, sobre la misma causa, con las mismas personas involucradas y los mismos abogados” remarcó Zeverín, quien también señala que luego de su reclamo por considerar extemporáneo el recurso presentado en 2010, “ha cambiado el Código Procesal Penal con el tema de los plazos”.


Para el abogado de la familia Fernández, la resolución de la Corte es algo positivo. A pesar de que hayan pasado casi dos décadas desde los hechos, el tiempo no apremia. “Esta es una causa que no prescribe. Es casi como si fuera de lesa humanidad” explicó. 


A dieciocho años de la muerte de Pablo Fernández, la historia judicial continúa. “Ahora, el Tribunal Superior de Justicia debe ordenar que se detenga a los policías, que se busque al hijo de Maldonado y que se investigue el encubrimiento” remarcó Zeverín.
 

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