A un año del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio: Además de vidas y calidad de vida, perdimos humanidad

Se cumple un año del primer decreto de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), con el cual el Gobierno nacional decidió enfrentar la epidemia de COVID y cuidar la salud de los argentinos. En ese momento, poco se conocía sobre el virus, aunque la población y especialistas contaban con múltiples saberes y experiencias en enfermedades, epidemias y cuidados de la salud. A partir de estos es que algunos advertimos enseguida que “la estrategia del miedo iba hacer más daño que el mismo virus”, tal como fue planteado en una nota pública del 30 de marzo de 2020. Poco después, el 17 de julio pasado, junto a Epidemiólogos Argentinos Metadisciplinarios (EAM), hicimos llegar preguntas y diferencias al presidente Fernández y a la Legislatura nacional, en notas que nunca tuvieron respuesta.

Hoy, con múltiples historias e información sobre las consecuencias de las medidas adoptadas, son muchos quienes las cuestionan. Con fundamentos acerca de lo que advertimos hace un año, respondemos a quienes preguntan qué hubiéramos hecho diferente. A saber:

 Apostar a informar y convencer, evitando generar temor o imponer restricciones. Comenzar con campañas masivas y positivas sobre cómo prevenir infecciones y reforzar la inmunidad natural antes que depositar la única salida en una vacuna lejana, poco probada y sin garantías de cubrir a todos. Priorizar la difusión de prácticas de higiene, buena alimentación, ejercicio y exposición al sol; reforzar vínculos y afectos para todos y cuidados especiales hacia algunos. Nunca hubiéramos empezado con decretos para encerrar en 24 horas a todo el país sin información previa ni hubiéramos comenzado por obligar o reprimir conductas, discriminar personas o apelar a generar miedo con imágenes o letanías sobre el número de enfermos y muertos.

 Invertir prioritariamente en prevención y en la asistencia precoz en lugar de destinar hartos recursos en alta complejidad. Apostar a la soberanía de la clínica, a la presencia de síntomas y a la epidemiología antes que salir a la calle a pescar casos con la simple presencia del virus en pruebas de dudosa efectividad (PCR). Asimismo, hubiéramos destinado la mayor parte de los recursos a mejorar servicios y condiciones laborales de trabajadores de primer nivel (consultorios, dispensarios) para favorecer la accesibilidad a la asistencia profesional en vez de comprar tantas camas o respiradores. Y cuidar especialmente de reducir la desigualdad de recursos sanitarios en los lugares más pobres y alejados.

 Recurrir primero al personal sanitario para informar y asistir en vez de apelar a las fuerzas de seguridad para reprimir o castigar. Buscar abrir en lugar de cerrar servicios con el pretexto de prepararlos; facilitar la circulación interna en lugar de ordenar cuarentenas de personas sin síntomas. Incrementar elementos de protección personal para trabajadores esenciales en lugar de universalizar la obligación del uso de barbijos, guantes o el rociado con alcohol en superficies inertes (es decir, donde el virus no vive con fuerzas para enfermar).

 Dedicar primeros esfuerzos a normatizar los servicios sanitarios en lugar de desperdiciarlos en protocolos para ordenar la vida cotidiana de la población. Asegurar, primero, que el personal de salud cuente con criterios y registros confiables sobre diagnósticos diferenciales y con relevamiento de comorbilidades en los fallecidos a fin de orientar las investigaciones y precisar los tratamientos. Jamás hubiéramos invertido la lógica de los diagnósticos diciendo: “Todo es COVID hasta que se demuestre lo contrario” renunciando a asistir enfermedades más frecuentes o graves. No hubiéramos reconocido para la atención de pacientes con COVID un valor superior al que se paga por la atención de patologías similares, ya que esto puede resultar en distorsión de datos y sobrefacturación.

 Apostar prioritariamente a la descentralización ejecutiva sobre clausuras de servicios en lugar de bajar órdenes desde el poder central hacia personas sin legitimidad institucional (como es el caso de Consejos Operativos de Emergencia- COE-) para organizar y sancionar la vida cotidiana de la gente en un país tan extenso y diverso. Confiando en la experiencia y saberes de la población para cuidar y cuidarse, hubiéramos depositado en instituciones locales las decisiones sobre cierres de servicios a fin de limitarlas en tiempo y espacio de acuerdo al aumento de casos. En esta línea, hubiéramos mantenido abiertas las escuelas los mayores períodos de tiempo posibles como lugares especiales para captar y asistir precozmente a enfermos.

Si de cuidar la salud de los argentinos se trataba, muchas enfermedades y muertes podrían haberse evitado con decisiones que no hubieran considerado a la población como ignorante e irresponsable. Por el contrario, todo ocurrió mediante órdenes apoyadas por la mayoría de los partidos políticos, trasmitidas por la mayoría de los medios y avaladas por una mayoría de profesionales que abandonaron el espíritu científico y la medicina basada en la evidencia por prácticas basadas en la obediencia.

La apuesta de todos al miedo y a la imposición resultó en la disminución de las defensas naturales, la distancia o desconfianza hacia los servicios de salud o el descuido de patologías mucho más graves. Órdenes sin convencer resultaron en desobediencia a cuidados necesarios. La letanía de protocolos solo demostró la pérdida de confianza en el ser humano, sus capacidades e instituciones. Quienes creemos en mejores alternativas, aunque seamos minorías, insistimos en la necesidad de reconocer saberes y recursos previos y avanzar en función de la información verificable y de los consensos. Siempre estamos a tiempo…

Anisacate, 17 marzo de 2021.