Precariedad laboral y pos-pandemia

Una de las dificultades mayores que tiene atravesar un acontecimiento tan singular como el que estamos viviendo, reside en que todo se nos presenta como puro presente. Es decir, no parece haber nada más allá en el horizonte: cuesta proyectar futuros posibles cuando nos acecha un drama que inunda todo a nuestro alrededor. Quizás por eso, imaginar qué queremos y qué podremos luego de esto, no sea un mero ejercicio intelectual, sino que, tal sencillo acto, puede tomar la forma de una reafirmación existencial, un tímido y a la vez audaz canto a la vida.

La irrupción del Covid-19 en nuestro país nos deja algunas certezas que luego se convierten a interrogantes punzantes. Descubrimos que cuando las papas queman el mercado tiene pocas soluciones para ofrecer en materia de cuidado de las personas. La lógica del lucro para atender, por ejemplo, problemas sanitarios a gran escala como los que atravesamos quedó absolutamente desbordada. Tuvo lugar en estos meses, de manera genuina, una vuelta al Estado, a la necesidad de planificar de manera concertada, de aumentar capacidades operativas, de tomar la iniciativa desde la inversión pública.  Incluyendo al sector privado, desde ya, pero no dejando todo librado a la suerte y a las posibilidades individuales, que en Latinoamérica son muy dispares.

Al mismo tiempo, el parate económico que generó el momento de cuarentena más rígida, reveló con nitidez el mapa social actual de la Argentina. Una porción demasiado importante de la población puede caer debajo de la línea de la pobreza ante uno o dos meses de detención en sus estrategias de generación autónoma de ingresos. Millones de personas habitan en los bordes del mercado formal de trabajo, realizando una amplia gama de actividades laborales para las cuales sacrifican largas prolongaciones horarias, y esfuerzos físicos y mentales, para apenas juntar lo mínimo e indispensable para sobrevivir. Una narrativa hecha del hoy.
Hubo una política social en particular, implementada en el escenario de pandemia, que nos permitió institucionalizar ese mapa social, es decir nos ayudó a ponerle nombres y apellidos a esa situación estructural que conocíamos en términos macro pero sin tanta precisión en lo micro. Esa política es el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE en adelante). El IFE no solo significó una transferencia monetaria de 10 mil pesos para 9 millones de familias, sino que arrojó, en tanto política estatal, lo que el politólogo Javier Moreira llama una radiografía de la precariedad en Argentina. Precariedad entendida como fenómeno más amplio que el desempleo. El primer dato a tener en cuenta en el devenir de su ejecución es el desfasaje entre el número originalmente planificado de potenciales beneficiarios (3.5 millones de familias) y el número final de efectores (9 millones). Esos 5.5 millones extra, a los que podríamos sumar 3 millones más que se inscribieron, pero por distintos motivos no reunían los requisitos para acceder al derecho, representan esa población muy heterogénea que está expuesta a la menor retracción económica que exista.
El dato tiene correlación con una realidad sabida desde hace tiempo: hay un 30% de la Población Económicamente Activa (esto es, las personas en condiciones de trabajar), que ni aún en las épocas de bonanza económica logra ser absorbida por el mercado formal de empleo. ¿Significa esto que no trabajan? No, al contrario, trabajan todos los días, con mayor carga horaria y desprotegidos en sus tareas. Es decir, son laburantes en condiciones de máxima precarización. El IFE alumbra otro dato que constata esto: 5 de los 9 millones, no poseían cuenta bancaria, sus trabajos son cobrados plata en mano sin ningún marco de formalidad mínimo.

Cuando vamos comprendiendo esta compleja trama ya no es tan fácil descansar en el crecimiento económico como solución mágica, pues, crecemos, pero muchos siguen al límite igual. De esta manera, el IFE, luego de cumplir una tarea de contención, nos vuelve en múltiples interrogaciones: si el mercado formal clásico no logra integrar a tantos millones de compatriotas ni siquiera en periodos de expansión productiva, ¿qué haremos desde el Estado y las políticas públicas? ¿Dejaremos libradas a su suerte a esos 9 a 12 millones de personas una vez que finalice la pandemia sabiendo en detalle los problemas por los que atraviesan aún en marcos de “normalidad”? ¿Seguiremos haciéndonos un poco los distraídos detrás de esa verdad a medias que reza “cuando crece la producción todos acceden a un empleo de calidad”?

Un primer punto relevante a considerar en el sendero de las respuestas posibles, es que el IFE significó bastante más que una mera transferencia de ingresos desde el Estado a los individuos; instituyó un reconocimiento estatal a la capacidad de esos millones de trabajadores de crear valor económico y social; de construir comunidad. Hay una fuerza distinta en ese reconocimiento: no se otorga dinero a ciudadanos abstractos consumidores, se reconoce a ciudadanos que son trabajadores en condiciones precarias. Hay una diferencia no menor entre esta formulación y las propuestas que tienen eje en el concepto de Ciudadanía que, a menudo, suelen estar desancladas de la densidad de las luchas sociales de las últimas décadas, amalgamadas en torno a una concepción del trabajo que desborda por mucho la idea de mercado. 

   Si observamos, entonces, la experiencia del IFE como punto de partida hacia nuevas políticas sociales que atiendan este problema estructural de la precariedad en Argentina, es importante señalar, en primer término, que éste no produjo uno de los efectos riesgosos que se advierten habitualmente en relación a estas políticas universales: no sustituyó el trabajo para quienes ya realizaban tareas laborales. Contuvo el bache económico ante la imposibilidad de salir a trabajar durante la etapa de Cuarentena más rígida, pero, una vez flexibilizada, podemos ver que no hay reemplazo de las actividades laborales a causa del cobro del beneficio. Más bien hay complementariedad, un ensamble de ambos ingresos. De manera tal que la transferencia del Estado funciona como un piso de ingresos, a partir del cual esas personas construyen con más tranquilidad sus estrategias autónomas de generación de recursos para vivir.

Un buen ejemplo de la dinámica que toma esta política en el territorio lo podemos ver con lo ocurrido en torno a la Feria de Parque Las Heras en Córdoba Capital. La misma está compuesta por 750 feriantes que realizaban sus tareas en marcos de absoluta informalidad. A través de un censo realizado por la Municipalidad (que además formalizó la feria integrando a esos trabajadores y trabajadoras al sistema de monotributo social), se conoció que el 90% fueron beneficiarios del IFE. ¿Dejaron de trabajar por cobrar esos 10 mil pesos? Claro que no. Lo que pudieron hacer es mejorar la calidad en los productos que comercializan y en la atención que realizan en sus stands. Este micro ejemplo lo que nos muestra es que lo que hace el Estado es apoyar tareas ya existentes que estaban desconocidas institucionalmente, pero que no por eso dejaban de ser modos de subsistencia legítimos. Reconocer y apoyar. Un buen trazado para pensar en lo sucesivo.

Como dice la joven filósofa cordobesa, Jacinta Gorriti, la salida de la pandemia puede dejarnos como legado un Estado de los cuidados. Es decir, una forma de la estatalidad que no sea regida por los principios del mercado que siempre se tornan excluyentes para las grandes mayorías, pero tampoco sea paternalista en sentido de no permitir expresiones por fuera de lo formalizado (como el caso de los feriantes). Un Estado que más bien reconozca las diversidades sociales y económicas existentes y por venir, y las apoye, las promueva y las deje surgir en toda su potencia comunitaria. En ese marco es que debemos pensar la continuidad del IFE en forma de política estable para quienes habitan dentro de esa precariedad a la cual nos veníamos refiriendo. Todas esas personas seguirán saliendo, como lo hacen cada mañana, a generar ingresos por sus propias estrategias, pero lo harán sin tener la soga al cuello.

Ese alivio, esa reparación, es un nuevo piso democrático que tenemos chances ciertas de construir. El Estado argentino, aún arreciado por los saldos dramáticos de esta pandemia, supo construir capacidades operativas y financieras que vuelven enteramente viable las continuidades y mejoramientos de políticas virtuosas. Ojalá no dejemos pasar la oportunidad.