Ley 27.610
Géneros 18 de febrero de 2021 Diario Sumario
“Ahora hay que pensar cantitos que rimen con implementación”, dijo entre risas una de las participantes de la vigilia por el aborto legal el pasado 30 de diciembre en Alta Gracia. Hacía un minuto, Cristina Fernández había anunciado que, el proyecto de Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo quedaba aprobado “con 38 votos a favor, 29 en contra y 1 abstención”. La Plaza Solares se convirtió en el escenario de una fiesta. Pero quienes llevaban años militando el derecho al aborto tenían claro que la lucha continuaba. Un nuevo capítulo se abría.
La resistencia al derecho a interrumpir el embarazo por voluntad de la persona gestante hasta la semana 14 de gestación es férrea. Sin embargo, es necesario remarcar que hay muchos profesionales de la salud dispuestos a garantizar el acceso a la información y atención a los pacientes que hayan requerido la práctica y se les haya presentado trabas. Por eso, se difundió a nivel nacional un formulario web en donde se pueden denunciar las obstrucciones al ejercicio del derecho al aborto y la línea telefónica de salud sexual: 0800-222-3444.
El pasado 24 de enero, entró en vigencia la Ley 27.610, de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Antes incluso de la promulgación del texto en el Boletín Oficial, algunos centros médicos privados de Córdoba como el Hospital Privado, la Clínica Reina Fabiola o el Sanatorio Allende, anunciaron que no se realizaría la práctica en sus instalaciones. Las tres instituciones adujeron objeción de conciencia institucional –algo no contemplado en la ley-, asegurando desde su directorio que “todos los profesionales que atienden son objetores de conciencia”.
El artículo 10 de la ley plantea que el derecho a la objeción de conciencia por parte de los médicos está contemplado siempre y cuando el profesional mantenga su decisión en todos los ámbitos en los que desempeñe su función; derive a los pacientes de buena fe a otro profesional para que sea atendido sin dilaciones y cumpla con el resto de sus obligaciones profesionales y jurídicas. Además, se establece que no se puede aducir la objeción de conciencia en caso de que la salud de la persona gestante corra riesgo o en la atención posaborto. Además, la ley garantiza que la práctica de interrupción del embarazo deberá ser realizada dentro de los diez días en que el paciente lo solicite.
La localidad cuenta con tres instituciones médicas con capacidad de internación: el Hospital Arturo Illia, la Clínica Privada Santa María y el Sanatorio Alta Gracia. Solamente uno de estos centros se declaró “objetor de conciencia institucional” y su directivo aseguró que allí no se realizarían abortos.
Los profesionales del Hospital Arturo Illia mantuvieron una reunión hace dos semanas con personal del Ministerio de Salud de la Provincia para elaborar un protocolo y modo de trabajo en la atención del derecho al aborto. Si bien la mayoría de los profesionales del área de ginecología y obstetricia se declararon objetores de conciencia, hay médicos que están dispuestos a realizar la práctica. La interrupción voluntaria del embarazo, según informaron fuentes allegadas a la dirección, se realiza con normalidad. Además, el precepto que rige en la institución es que el objetor de conciencia solamente está exceptuado de realizar la receta del misoprostol o la intervención, pero que debe brindar a quien solicita un aborto toda la información necesaria y derivar a un profesional que realice la práctica.
Ni la interrupción voluntaria del embarazo por medios farmacológicos ni quirúrgicos es novedosa en el Hospital, ya que en 2020 se realizaron 30 abortos contemplados en las causales del protocolo ILE.
La Clínica Privada Santa María trabaja de manera articulada con el Hospital Italiano de Córdoba. De hecho, muchos de los profesionales que atienden en Alta Gracia provienen de la institución cordobesa. En diálogo con La Voz del Interior, Juan Grass, director del Hospital Italiano, explicó que están elaborando un protocolo para atender las interrupciones voluntarias del embarazo. Si bien hay médicos objetores de conciencia, son un número minoritario. “Lo hemos hablado al interior de la clínica y con el comité de bioética. La decisión de garantizar la práctica la teníamos desde hace tiempo. No podemos decir que esto nos ha sorprendido ya que en 2018 se trató el tema en el Congreso y se rechazó y luego en 2020 finalmente se aprobó” indicó Grass.
En Alta Gracia, Liliana Bargi, directora de la Clínica Santa María, señaló que la práctica se realizará en la institución. Algunos de los profesionales ya han manifestado su objeción de conciencia, pero eso no impedirá la interrupción voluntaria del embarazo en la clínica. “Los médicos son libres de ser objetores. Algunos plantearon su objeción de conciencia y otros no. Pero de todos modos, nos manejamos en red con el Hospital Italiano. La práctica se va a garantizar, ya estamos en diálogo por este tema también con las obras sociales”, explicó Bargi a Sumario Noticias.
Apelando a una figura inexistente en la ley, el director del Sanatorio Alta Gracia, Raúl Gil, señaló a este medio que “la postura del Sanatorio es objeción de conciencia institucional”. Además, remarcó que “todos los ginecólogos y obstetras son objetores de conciencia”. Respecto al modo de actuar en caso de que una persona solicite una interrupción del embarazo, Gil indicó que “no se van a realizar abortos en el Sanatorio. Se derivará a instituciones públicas para garantizar la práctica en los tiempos que establece la ley”.
Instituciones médicas de otras localidades ante la objeción de conciencia por ideario institucional o por decisión de todos los profesionales que trabajan en el lugar optaron por tomar diferentes medidas. José Revignolo, director médico del Hospital Privado de Córdoba, señaló a La Nueva Mañana: “Nuestro protocolo a cargo únicamente del área de gineco-obstetricia consiste en atender a la paciente, hacerle una ecografía y ocuparnos de tejer el puente de la derivación. Es nuestro profesional el que debe ocuparse de llamar por teléfono y armar la consulta con el profesional del hospital que sí realizará la interrupción del embarazo”. En cuanto a la Clínica del Sud, de Río Cuarto, ante la objeción de conciencia de sus ocho ginecólogos, el director Juan José Bossio indicó que se firmarán convenios con médicos externos para que puedan realizar la práctica. “Es importante que la clínica garantice el servicio allí porque hay obras sociales que sólo se atienden en esta institución”, explicó Bossio.
En el caso de las interrupciones de embarazo que no requieran práctica quirúrgica, la ley contempla que se puedan realizar en cualquier centro de salud, ya que es un tratamiento ambulatorio. En este sentido, el secretario de Salud, Desarrollo y Equidad de la Municipalidad de Alta Gracia Mariano Agazzi señaló a este medio que en los dispensarios municipales se están entregando las recetas de misoprostol a las personas gestantes que solicitan interrumpir su embarazo.
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