El morbo paga más que el respeto

Los detalles escabrosos de un ataque sexual. El llanto de una de las personas atacadas frente a una cámara. La filmación del momento en que el agresor agarra a la víctima. El relato pormenorizado del horror. Todo eso atrae audiencias de un modo desenfrenado, convirtiéndose en viral y circulando por redes sociales, mensajería instantánea y los comentarios en distintos ámbitos sociales. En los medios de comunicación, las audiencias se traducen en dinero real y concreto que ingresa a las empresas periodísticas.

Hay una serie de normas y recomendaciones que buscan evitar la revictimización. Se intenta lograr que quienes sufrieron un ataque no vuelvan a ver sus derechos vulnerados al ser expuestos y exhibidos frente a las pantallas una y otra vez. Sin embargo, con cada nuevo hecho, las discusiones vuelven a cobrar vigencia. En el Valle de Paravachasca, la denuncia de un grupo de familias por abusos sexuales en un jardín de infantes fue el último caso que cobró estado público. Un medio de Alta Gracia cubrió el tema de manera espectacular, exhibiendo imágenes de la institución, nombres y rostros de los familiares de las infancias atacadas.

La cobertura atenta contra la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. En su artículo 22, la normativa señala con claridad: "Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser respetados en su dignidad, reputación y propia imagen. Se prohíbe exponer, difundir o divulgar datos, informaciones o imágenes que permitan identificar, directa o indirectamente a los sujetos de esta ley, a través de cualquier medio de comunicación o publicación en contra de su voluntad y la de sus padres, representantes legales o responsables, cuando se lesionen su dignidad o la reputación de las niñas, niños y adolescentes o que constituyan injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada o intimidad familiar". La norma es de 2005, pero aún mantiene un viejo paradigma en el que se consideraba a las paternidades como "dueñas" de las infancias y su consentimiento basta para la exhibición. La Defensoría del Público de la Nación emitió recomendaciones claras destinadas exclusivamente a las coberturas periodísticas de los hechos de abuso sexual que involucren a infancias. Algunas de ellas son las siguientes:

• Priorizar la formulación de titulares que condensen información relevante del caso, en lugar de utilizar el recurso gráfico para captar audiencias por mero rating a través del impacto que supone la síntesis de los datos más traumáticos.
• Procurar que los y las profesionales especializados consultados para tratar casos de violencia sexual garanticen el respeto de los derechos de niños o niñas víctimas.
• No difundir información que permita identificar a las víctimas dado que la exposición puede comprometer sus derechos.
• Extremar los recaudos para preservar la identidad de niños, niñas y adolescentes.
• Evitar tanto la identificación directa -difusión de datos personales, imá-genes de vivienda, fotografías y videos sin blurear y audios sin editar (alterando la voz para evitar el reconocimiento)- como la indirecta -difusión de nombres de los padres, familiares, imágenes de escuela y demás espacios de pertenencia.
• Aún cuando los operadores policiales y/o judiciales brinden información acerca del caso o de las partes, evitar toda vulneración de los derechos.
• Evitar la estigmatización de las víctimas y de su entorno.
• Evitar realizar cualquier afirmación que tienda a culpabilizar a las víctimas y deslegitimar sus demandas.
• Se recuerda la necesidad imperiosa de respetar la vida privada de las personas.

Sin embargo, las recomendaciones son solo eso: sugerencias. Y la Ley 26.061 no tiene un carácter coercitivo: no establece penas claras para quienes incumplan esas normas. Ni siquiera hay un espacio en donde se pueda denunciar como delito una cobertura periodística escabrosa.

En mayo pasado, la Dirección de Relaciones Institucionales y Políticas de Género, a cargo de Valeria Amateis, convocó a los medios de la ciudad a capacitaciones en materia de "Género y Comunicación". Allí, diferentes profesionales abordaron las normativas vigentes, las formas de tratamiento mediático sin estigmatizar y las diferentes opciones para tratar este tipo de situaciones. Hubo más de un medio ausente. La asistencia no era obligatoria y la ausencia no implicaba una pena hacia las empresas que decidieran no capacitar en ese tema a sus periodistas.

La falta de voluntad de algunos propietarios de medios de prensa no es llamativa. En cualquier negocio, el objetivo principal es ganar el mayor dinero posible con el menor gasto. En el abordaje de los hechos de violencia sexual, el morbo paga más que el respeto a las personas agredidas.

De esta manera, aquellos medios que deciden preservar la integridad de quienes sufrieron abusos se encuentran en una competencia claramente desleal. Todo queda en la conciencia. Pero, quienes no la tienen, recaudan mucho más.