EDICIÓN IMPRESA
Edición Impresa 31 de julio de 2020 Diario Sumario
(Alta Gracia, de nuestra redacción) Miriam tiene 62 años y llegó a Alta Gracia en diciembre pasado. Jubilada, se instaló en Barrio San Martín, en una casa obre la calle Arzobispo Castellanos. Había firmado un comodato con el propietario –quien reside en Chile- que le permitía vivir en el lugar a cambio de hacerse cargo del cuidado y mantenimiento de la vivienda. Era un nuevo comienzo.
Sin embargo, a los dos meses, se le presentó un presunto representante del propietario exigiéndole el pago de ocho mil pesos mensuales en concepto de alquiler, aunque sin contrato alguno. Con una jubilación mínima de 11 mil pesos, el nuevo comienzo de Miriam comenzó a transformarse en pesadilla. Viviendo en condiciones de suma precariedad y con problemas alimentarios, dos vecinas solidarias con la jubilada comenzaron a asistirla. E intervino la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad, incluyéndola en el listado de entrega de módulos de alimentos.
Los problemas no quedaron ahí: "El martes por la mañana, este señor, quien dice ser el dueño de la casa, algo de los que no tenemos certezas, le dijo a Miriam que tiene que pagar lo que debe y retirarse en el mes de Agosto”, confió a este medio la Trabajadora Social de la Municipalidad que actúa en el caso. “Ese intento de desalojo es ilegal. No se puede desalojar a nadie en este contexto de pandemia, porque el DNU, así lo expresa, y menos a una jubilada en una situación de vulnerabilidad, y mucho menos aún, utilizando amenazas”, explicó la profesional.
Fuentes cercanas al caso, aseguraron que en esa ocasión, el hombre que ahora sostiene ser el dueño de la propiedad, "entró a la casa y directamente abrió la puerta solo para cobrarle. Y a la noche, estuvieron intimidándola desde la parte de afuera del hogar".
Más allá de que la Secretaría de Desarrollo Social acompañó a la mujer en la tramitación de la denuncia policial correspondiente, el caso vuelve a poner en el centro de la escena la vulnerabilidad de adultos mayores en condiciones de precariedad.
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