A merced de la especulación

COVID 19

Edición Impresa 27 de marzo de 2020 Diario Sumario

Las denuncias por las redes sociales se multiplican. En el marco de las medidas implementadas para garantizar el abastecimiento y evitar potenciales abusos frente al impacto de la pandemia de coronavirus, el Gobierno Nacional retrotrajo los precios de 2.200 productos de consumo familiar a los vigentes el 6 de marzo y fijó una lista de referencia con valores máximos. Sin embargo, por falta de estructura o problemas de jurisdicción, los controles no llegan a implementarse, y los comercios se rigen por la ley de oferta y demanda, desoyendo la ley nacional.

El rubro que parece advertir una mayor variación es el de frutas y verduras. “En una verdulería del centro la bolsa de papas pasó de 400 a 830 pesos, y el cajón de naranjas de 400 a 900. Y lo mismo con otras verduras y frutas. Estamos cansados de los abusos”, aseguró un vecino de la ciudad a este medio. “Las verduras y frutas no se salvan de la ley de oferta demanda. Los precios que hemos debido subir es porque han variado repentina y sorpresivamente en el mercado”, aseguran los dueños de los comercios.

En este contexto, la semana pasada la Municipalidad de Anisacate labró dos actas a un supermercado, por transgredir las normas de comercialización sobre productos esenciales. El negocio, vendía el alcohol en gel de 250 ml a 450 pesos. Virginia Ríos, jueza de Falta local, explicó que “ante el aviso de vecinos, corroboramos el sobreprecio del producto publicado y exhibido en góndolas, a 450 pesos por 250 mililitros, sumando que además eran de elaboración propia, sin tener la aprobación de Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), ente que permite su comercialización”, según informó el portal de La Voz.

Al mismo tiempo, esta semana el municipio informó que el Juzgado de Faltas local comenzaría a controlar el cumplimiento de la ley nacional en todos los comercios. Durante el primer día de su implementación, se realizaron dos actas a comercios minoristas.

En Alta Gracia, las autoridades municipales aseguraron que las denuncias pueden canalizarse a través de la Oficina de Defensa al Consumidor, una oficina que, por el momento y aunque suene paradójico en épocas de aislamiento y cuarentena, no tiene número de teléfono ya que los trámites son presenciales para acercar la documentación requerida.

“La medida es muy nueva y todo viene siendo muy dinámico. La oficina que tenemos de Defensa al Consumidor en Alta Gracia es sólo una gestoría, un área de conciliación. Estamos esperando las directivas de la Dirección Provincial, de la cual dependemos, para saber de qué manera vamos a proceder para realizar los controles en los comercios más chicos, ya que en las grandes cadenas esos controles dependen de la provincia”, explicó Mauro Proto, subsecretario de Industria, Comercio e Ingresos Públicos. “Los recorridos para controlar en los comercios no se hacen de oficio. La primera medida es notificar a los propietarios sobre la ley vigente, pero no se cobra multas ni se clausura por ahora”. El funcionario agregó que se está gestionando un número telefónico para que los vecinos puedan denunciar, pero que todo debe articularse con el Gobierno Provincial.

Mientras se esperan los protocolos, las denuncias de multiplican día a día en diferentes puntos de la ciudad. “Hemos visto infinidad de denuncias por medio de las redes sociales y por eso decidimos enviar una nota al Intendente para que presten atención a este tema, que fue muy bien recibida” aseguró la concejal de Alta Gracia Crece, Amalia Vagni, cuyo bloque presentó el pasado miércoles 25 de marzo una nota al intendente Marcos Torres Lima para ver la forma de regular esta situación.

“La situación se agrava al tener en cuenta la situación laboral de muchos vecinos, que trabajan por hora y hoy se ven imposibilitados de hacerlo por esta emergencia sanitaria”, agregó Vagni y agregó “Necesitamos que se arbitren las medidas necesarias para controlar, más allá de que el municipio hoy no tenga el poder de policía para sancionar a los que no cumplen”.

Entre los puntos de la nota presentada, la oposición sugiere que: se establezca un mecanismo de control de precios, para evitar abusos al bolsillo de los vecinos, y procurar la buena fe en la provisión de elementos básicos de subsistencia frente al Estado de Emergencia Sanitaria; se arbitren las medidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones Nacionales, emitidas mediante Res N° 86/2020 y N°100/2020,  disponiendo de forma expedita y efectiva el funcionamiento de un mecanismo de control y registro de los precios fijados, y en caso de incumplimiento proceder a realizar la denuncia ante las autoridades correspondientes; se realice la publicación y publicidad de precios máximos de referencia de la canasta básica de alimentos, bebidas, higiene personal y limpieza correspondiente a la Provincia de Córdoba en la página web oficial y medios de comunicación digital de la Municipalidad de Alta Gracia; y se disponga de un número telefónico para que los consumidores de la ciudad, puedan realizar llamadas o enviar mensajes acompañados de contenido audiovisual como fotografías de los productos que no cumplan con lo establecido en las Resoluciones”.

En este punto, el Frente Alta Gracia Somos Todos también se expresó sobre el tema. “En este contexto de crisis sanitaria hay dos aristas: por la lado la prevención, algo en lo que la Municipalidad está trabajando muy bien; y por el otro la contención desde lo económico. Más allá de entregar módulos alimentarios, es clave que se controle a los grandes supermercados, que son los grandes formadores de precios, y de los cuales se siguen viralizando denuncias por no respetar los precios fijados por el gobierno nacional”, explicó Diego Heredia, referente del espacio y ex candidato a Intendente.

Heredia agregó que también es necesario tener en cuenta a los pequeños comerciantes que en su mayoría compran los productos a los grandes expendedores de la ciudad de Córdoba. “Compran en Córdoba a precios desmesurados y luego deben vender esa mercadería. Es una situación que se escapa de las manos de los comerciantes e incluso de la Municipalidad. En este punto creo que es fundamental trabajar colaborativamente entre los municipios del Gran Córdoba y habilitar en la ciudad un número o algún canal de comunicación para que los despenseros puedan denunciar esta realidad que también los afecta a ellos”.

Hoy, mientras se esperan medidas para regular la situación, la ciudad y sus vecinos se encuentran a merced de la “ley de oferta y demanda”, dependiendo de la “buena voluntad” y “solidaridad” de los comercios formadores de precios. El valor de los artículos de primera necesidad se dispara sin una norma efectiva para controlarlos, y los abusos se multiplican esperando protocolos a seguir, que no sólo están ausentes en la ciudad, sino en todo el país.

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