Casi tres décadas de postergaciones

“Cuando el agua ha empezado a hervir, apagar el fuego no sirve de nada”.

La frase que encabeza este artículo se le atribuye a Nelson Mandela. Sin dudas, si hay alguien que supo de luchas largas, de reclamos y de injusticias fue el líder sudafricano que pasó 27 años prisionero por oponerse al apartheid. En 1990 fue liberado y en 1994 fue electo presidente de su país.

27 años es también el tiempo que lleva funcionando en Alta Gracia el Poder Judicial. Desde el 16 de septiembre de 1992, cuando se inauguró el Juzgado de 1º Instancia y 1º Nominación Civil, Comercial Conciliación y Familia; la Fiscalía de Instrucción con competencia múltiple; el Juzgado de Control de menores y Faltas y las Asesorías Letradas en la ciudad, la Provincia construyó o compró ocho edificios para sedes del Poder Judicial en diferentes localidades. Algunas de estas, no llegan a la mitad de los habitantes de Alta Gracia. Además, se inauguraron 50 juzgados de paz.

Mientras tanto, en las casi tres décadas de historia de los Tribunales locales, se vivieron situaciones de víctimas de violencia de género que tuvieran que declarar a escasos metros de los acusados por su agresión; testigos exponiendo en el mismo ambiente que los involucrados en la causa; internos de diferentes penales esperando en un camión estacionado a que fuera su turno de declarar porque el Poder Judicial no contaba con un espacio para tal fin; así como también complicaciones menores derivadas de la desmembración de las oficinas en tres edificios.

Todo esto no sucedió porque a nadie se le hubiera ocurrido plantear la necesidad de un espacio propio y adecuado a las necesidades de la Justicia. Los reclamos por una sede adecuada para los Tribunales comenzaron en 1998 durante el gobierno de Audino Vagni. Cuatro espacios físicos diferentes fueron asignados en determinados momentos al Poder Judicial, hubo incluso una partida presupuestaria de 6 millones de pesos -cuando el valor de la moneda nacional era equivalente al dólar estadounidense- y también existieron numerosos reclamos por las condiciones laborales de los empleados judiciales. Mientras tanto, la Provincia destina más de 2,5 millones de pesos anuales en concepto de alquileres de edificios para Tribunales en Alta Gracia. Este último número aumenta al mismo ritmo que la suba de precios general en el mercado inmobiliario.

Luego de más de 20 años de idas y venidas respecto a la construcción del edificio, un vocal del Tribunal Superior de Justicia sostiene que en la actualidad no hay posibilidad de emprender la obra. El conflicto sigue latente, como el agua que se calienta en una olla a presión.

Un crecimiento exponencial
Las voces que se alzaron pidiendo el edificio propio de Tribunales no son una novedad. El Poder Judicial comenzó a funcionar en Alta Gracia cuando el pueblo comenzó a darle lugar a la ciudad. A pesar de la sensación que podrían tener sus habitantes de vivir en un espacio pequeño, donde las distancias son cortas y todos los vecinos se conocen, la demografía local aumentaba y eso implicaba también la necesidad de ampliar los servicios que se ofrecían. La cantidad de causas y el número de la población altagraciense llevaron a que el Juzgado de Paz que funcionaba en la comisaría local resultara insuficiente. De esta manera, el 16 de septiembre 1992 nacen en Alta Gracia el Juzgado de 1º Instancia y 1º Nominación Civil, Comercial Conciliación y Familia; la Fiscalía de Instrucción con competencia múltiple; el Juzgado de Control menores y Faltas y la Asesoría Letrada. 

La primera sede de los Tribunales de Alta Gracia fue una vieja casona ubicada en la calle Olmos 79. Allí funcionaban todas las dependencias originales, hasta que en 1999 se trasladaron a la esquina de calle Sarmiento y Franchini. Años más tarde, se alquiló el inmueble de Franchini 276 donde se trasladan el Juzgado de Control, menores y Faltas - hoy Juzgado de Control, Niñez, Juvenil, Penal juvenil y Faltas -, las Asesorías Letradas y Equipo Técnico de la sede.

En 2018, se alquiló además la sede de calle Urquiza, donde funcionó en sus inicios el Instituto Manuel de Falla. Ahí se ubican actualmente las Fiscalías de 1º y 2º turno, el Juzgado de Control y el Equipo Técnico. Además, se espera que en breve sean trasladadas allí las Asesorías Letradas.

Hasta septiembre de 2019, el desembolso que el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba debía hacer para sostener los alquileres de las tres sedes de Tribunales, superaba los 2,5 millones de pesos.

 

¿Cuánto cuesta el alquiler?

 La Justicia Provincial debe afrontar un costo de poco más de $2.500.000 anuales para solventar el alquiler de los diferentes edificios donde funcionan las sede de los Tribunales de Alta Gracia. 

• Av. Sarmiento esq. Franchini. El edificio es propiedad de Juan Martín Bossi. Funcionan allí los Juzgado Civil, Penal, Conciliación y Familia. El valor de alquiler hasta septiembre de 2019, fue de $81.600.
• Urquiza 257. El edificio es propiedad de Pedro Francisco Spinetti. Funcionan allí las  Fiscalía de 1º y 2º Nominación, el Juzgado de Control y el Equipo técnico. El valor de alquiler hasta julio de 2019 fue de $90.450.
• Franchini 276. El edificio es propiedad de Jorge Salgado. Actualmente funciona allí la Asesoría Letrada, que se espera sea trasladada en breve a la dependencia de calle Urquiza 257. El valor del alquiler hasta agosto de 2019, fue de $44.000.
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Lo que surgió como una solución a un problema anterior -el Juzgado de Paz sobrepasado- comenzó a tener sus propias necesidades muy pronto. El aumento de causas derivó en el crecimiento del Poder Judicial y ello implicó además el colapso de los primeros edificios que se alquilaron. De 15 trabajadores que había en la planta de los Tribunales de Alta Gracia cuando comenzaron a funcionar, actualmente hay 122.

La primera lucha: No al cierre
La sede de Tribunales de la ciudad nació en 1992 y comenzó a crecer junto a la ciudad. Lo que en principio fue una pequeña estructura, empezó a convertirse en una gran institución con necesidades y una realidad propia.

En sus inicios, la planta de Tribunales contaba con un Juez Civil, Comercial, de Conciliación y de Familia; dos secretarios y cuatro o cinco empleados; un Juez de Control; un Secretario y empleados, un fiscal con dos Secretarios y empleados y una Asesora Letrada con sus empleados. El total de empleados en el Poder Judicial  en la ciudad era por entonces de 15 personas.
Sin embargo, no todo fue color de rosa. A los pocos años de que se inaugurara la sede de Tribunales de Alta Gracia, la sombra de la amenaza del cierre se cernió sobre ellos. La crisis económica de 1995 llevó a que el gobierno de Ramón Bautista Mestre propusiera el cierre para economizar recursos. “Cuando se planteó el cierre, hubo muchas manifestaciones callejeras en oposición a esa propuesta. A raíz de esos reclamos, se dio marcha atrás y no se cerraron. Y viéndolo desde ahora, los que organizaron esas marchas, tuvieron razón. Porque si no, ¿cómo haríamos ahora con tantas causas y casos de violencia que hay en la ciudad?” remarcó Flavio Molgara, expresidente del Colegio de Abogados Delegación Alta Gracia.

Los Tribunales no se cerraron: Crecieron. El aumento de la litigiosidad, la densidad demográfica, las nuevas necesidades sociales, la tendencia a la especialización por fueros, entre otras cuestiones, fueron las causantes de la creación de nuevas dependencias. Y con ellas, también se necesitaron más empleados que las sostuvieran.

Actualmente existen dos juzgados civiles comerciales cada uno con dos secretarias y dos prosecretarias más un plantel de empleados. Los titulares de dichos Juzgados tienen a su cargo la Mesa de entrada de Juicios laborales y el trámite de Conciliación, una Oficina de Violencia Familiar y de Género y Mesa de entrada de Ejecuciones Fiscales, todos con personal a su cargo. También funciona Juzgado de Control, niñez, juvenil, penal juvenil y faltas con una secretaria y un prosecretario con empleados a su cargo. El Ministerio Público Fiscal está integrado por dos Fiscalías con dos secretarios y dos prosecretarios con su correspondiente plantel de empleados. Las asesorías letradas están integradas por dos asesoras que cumplen funciones en todos los fueros con un auxiliar colaborador de la defensa y empleados bajo su dependencia. Hay además un equipo técnico integrado por una psicóloga y una asistente social.

A su vez, la Superintendencia está a cargo de Graciela Vigilanti, Jueza de Primera Instancia y Segunda Nominación con competencia en Violencia Familiar. La planta actual se compone de 122 personas entre empleados, magistrados y funcionarios. 

Encender la llama
La llama de la ilusión de un edificio propio para los Tribunales, se inició en diciembre de 1998. El fósforo que la prendió fue una asignación del Tribunal Superior de Justicia de 6 millones de pesos para la creación del edificio. El por entonces intendente Audino Vagni recordó que “el presidente del Tribunal Superior de Justicia, (Domingo) Sesin me había llamado y me confirmó la partida. Anduvimos buscando la mejor opción… en la Colonia Santa Fe, al frente de la remisería donde después hicieron la confitería El Ángel –donde actualmente funciona el local bailable, Moskita Muerta-. A mí me gustaba ese lugar porque si se hacía un edificio con características imponentes iba a generar impacto cierto”. Sin embargo, esa alternativa no se pudo concretar y el exmandatario se decidió por un predio en barrio El Cañito, por su proximidad con la Terminal de Ómnibus y la posibilidad de extender el estacionamiento hacia la Plaza de las Américas. “Vinieron arquitectos de distintos lugares para evaluar el lugar y les había parecido bien. A la hora de irme, quedó pendiente la firma de la donación” aseguró.

Pese a que parecía que ya todo estaba listo, no pudo concretarse. El predio de El Cañito era adecuado para construir en altura, pero no cumplía con los requisitos que dispone el Tribunal Superior de Justicia, que requiere un terreno amplio en extensión. Mientras tanto, el Poder Judicial continuó funcionando en las sedes alquiladas. Pero los reclamos no se apagaron.

En 2009, el Colegio de Abogados inició reclamos para que los Tribunales tuvieran una sede propia. Como primera medida, se solicitó el alquiler de otro espacio porque el colapso de los espacios físicos complicaba el trabajo. Además, se estudió la posibilidad de adquirir un edificio. El presidente del Colegio de Abogados de Alta Gracia en ese entonces, Guillermo Gay, se reunió con el área de arquitectura del Tribunal Superior de Justicia y se definió que lo más factible sería el predio de la Terminal de Ómnibus. El vocal del Tribunal Superior de Justicia Luis Rubio había visitado la estación y consideró que era un lugar viable. “Me ha impresionado, no me imaginaba esta factibilidad” declaró en aquella oportunidad. En agosto de 2010, la Terminal de Ómnibus fue tasada y se analizó la posibilidad de que el Tribunal Superior de Justicia la comprara.

Pero la iniciativa del intendente Mario Bonfigli demoró en ser analizada en el legislativo. “Entiendo que esta idea no pasa el Concejo Deliberante”, explicó Bonfigli en 2010. Y le ofreció un nuevo predio al Tribunal Superior de Justicia: el de Potrero de Loyola, por temor “a que se cansen de esperar y decidan construir la sede judicial en otra ciudad del departamento”. A veinte años de esas declaraciones, la realidad deja ver que no eran temores infundados. Sin embargo, el predio ofrecido en ese entonces por el Intendente no pudo ser escriturado debidamente para concretar la operación.

En 2011, cuando asumió la presidencia del Colegio de Abogados de Alta Gracia, Roberto Urreta declaró que su primera acción sería “pedir una reunión con el Concejo Deliberante y con el legislador (Walter Saieg) para que se concrete la nueva sede de Tribunales”. Ese mismo año, cuando una vecina de Despeñaderos ofreció donar al Poder Judicial un terreno para construir la sede, Alta Gracia se movilizó contra la posibilidad de perder los Tribunales.

En 2015, la Municipalidad de Alta Gracia y el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba firmaron un acuerdo para la construcción de una sede judicial en la ciudad. El documento había sido rubricado en aquel entonces por el intendente Walter Saieg y el vocal Luis Rubio. Casi cinco años después, aún no hay plazos concretos para el inicio de la obra en el predio Potrero de Loyola. 

En la presentación del acuerdo, Rubio manifestó que se encontraban trabajando en varias obras en otros puntos de la provincia. Meses más tarde, en noviembre de 2016, la legisladora Amalia Vagni presentó un proyecto a la Legislatura de Córdoba solicitando incluir dentro del Presupuesto 2017, una partida destinada a la construcción de un nuevo edificio para la sede de los Tribunales de Alta Gracia. Paralelamente, ese mismo año, el por entonces presidente del Colegio de Abogados Delegación Alta Gracia, Flavio Molgara, se presentó ante la Legislatura Provincial para solicitar una partida especial para el edificio propio  de Tribunales de la ciudad, que nunca se hizo efectiva. Lo mismo hizo durante tres años consecutivos, sin obtener ninguna respuesta. “Fuimos durante tres años a las audiencias públicas del Presupuesto Provincial, para que se asigne una partida a los tribunales de Alta Gracia. Actualmente, eso sería una obra de poco más de 200 millones de pesos. La Legislatura nunca dio ninguna respuesta. Creo que si te convocan para que des tu posición, deberían hacerte algún tipo de devolución”, remarcó Molgara.

Solo brasas
En la actualidad, diferentes complicaciones llevan a que el fuego del deseo del edificio propio para los Tribunales esté reducido a algunas brasas. Más allá de las ilusiones que cada uno de los actores pueda tener respecto al edificio propio, la demora en la escritura del terreno de Potrero de Loyola y la situación económica de la Provincia son la arena que apagó las llamas.

Según el propio Luis Enrique Rubio, vocal del Tribunal Superior de Justicia, al día de hoy “no hay nada factible y en el presupuesto no tenemos previsto construir nuevos edificios. A corto plazo, no hay ningún proyecto y menos en la situación actual en la que se encuentra la Provincia, para construir el edificio en Alta Gracia. Es una necesidad, hace falta, pero por ahora no hay nada concreto”. Además el letrado evaluó: “lo ideal hubiese sido que la Municipalidad construyera la Terminal sobre la ruta 5 y que nos donen la vieja terminal al Poder Judicial. Nosotros íbamos a remodelar”.

Consultado sobre la situación, el ingeniero Héctor Bupo -quien se desempeña como asesor externo de la municipalidad de Alta Gracia– informó que efectivamente los terrenos en Potrero de Loyola aún no están escriturados a nombre de la Municipalidad y por lo tanto no se pueden poner a nombre del TSJ. “Hace tiempo, se compraron en la quiebra de la Compañía de Tierras y Hoteles, los terrenos de Potrero de Loyola y del Parque García Lorca, pero estos nunca se escrituraron a nombre de la Municipalidad. Cinco años atrás, comenzamos a hacer la gestión en Buenos Aires para poder escriturarlos y ahora ya tenemos la orden correspondiente para poder ir al Registro de la Propiedad en la Provincia y poder poner estos terrenos a nombre de la Municipalidad. En las próximas semanas, vamos a llevar la orden del Juez y la documentación que trajimos de Buenos Aires para poder realizar la inscripción a nombre de la Municipalidad”. 

Bupo aclaró también que a partir de ahí se hará la subdivisión de las parcelas en función de lo que donó el Municipio, contemplando en la tierra cuatro parcelas: una para barrio Sabattini -que después deberá volver a subdividirse para los vecinos del barrio-; otra para el Instituto El Obraje; una tercera para Tribunales y la última, para la Escuela PROA. El saldo de los terrenos queda para el municipio. 

En junio de este año, el intendente Facundo Torres Lima se reunió con la presidenta del Colegio de Abogados de la ciudad de Alta Gracia María Delia Dipp y Héctor Echegaray, actual titular del Colegio de Abogados de Córdoba. En la reunión se avanzó sobre el acuerdo de voluntades firmado en diciembre de 2015.

“Lo bueno de la reunión es que se sostiene el acuerdo de voluntades y que hay un avance en esas inscripciones que a fin de año nos llevarían a tener esa inscripción a nombre de la Municipalidad. Con esto, ya que es un requisito para el TSJ que el inmueble tenga título perfecto, nos podría incorporar en la partida presupuestaria para hacer el edificio. Es un trabajo de hormiga, pero se está haciendo y estamos en movimiento”, aseguró Dipp.  

“No es un capricho”
Diferentes voces relacionadas con la labor judicial dialogaron con Sumario, el diario de los viernes, y presentaron su visión sobre la necesidad de un edificio propio. Todas ellas coincidieron en que la construcción de la sede de Tribunales facilitaría tanto la labor de los empleados y trabajadores de la Justicia, así como también la realidad de quienes deben realizar trámites o declarar en las fiscalías o unidad judicial. La gran circulación de personas que día a día visita cada uno de los edificios deja al descubierto las falencias y las limitaciones. 

María Delia Dipp sostuvo que trasladarse de una sede a otro es el menor de los inconvenientes. La situación edilicia de cada uno de los lugares en donde funciona el Poder Judicial es el que mayores problemas ocasiona en la labor diaria. “El pedido del edificio propio no es caprichoso. No pedimos una sede para nosotros, los abogados, sino para los vecinos que llegan cada día a resolver sus cuestiones. Que las dependencias estén desmembradas es lo de menos, el problema es que no están en condiciones”, aseguró Dipp.

En la misma línea, el fiscal Alejandro Peralta Otonello aseguró que la necesidad de la construcción de los Tribunales no solamente beneficiaría a quienes trabajan en dichas dependencias, sino también a las víctimas que llegan a hacer alguna denuncia e incluso a quienes son juzgados: “el edificio propio siempre fue un anhelo y también sería una solución no sólo para nosotros, sino para los justiciables en general. Hoy hay tres edificios. Que esté todo unificado en un solo edificio va a tornar más eficientes los recursos materiales y humanos que hay. Tanto para abogados, justiciables y personas que tienen que venir a una audiencia, por un expediente civil o por una causa menor. En ese sentido, es mejor que esté todo unificado en un solo lugar. Es un anhelo. Desde hace al menos veinte años que el departamento Santa María se merecería su edificio propio”.

Otra voz consultada por este medio, Pablo Gudiño, delegado del Gremio Judicial, también hizo hincapié en la necesidad de unificar todas las dependencias en una misma sede. “Para la gente que necesita los servicios de Tribunales se hace muy engorroso tener que estarse trasladando de un punto a otro. Pasa que, por una cuestión penal se tienen que trasladar a asesoría, entonces tienen que ir desde Franchini hasta Urquiza. En las cuestiones civiles también, también les pasa a los abogados y a los propios empleados judiciales.  Muchas veces, no queda otra que hacerlo caminando porque en el centro en horas del mediodía no hay estacionamiento. Eso conlleva algunos malestares por, justamente, tener que trasladarte de una punta a la otra. También sería una solución para los empleados. Actualmente, por falta de personal la tarea de los ordenanzas es trasladar los expedientes de un edificio a otro a la cual muchas veces se hace caminando, con un carrito o también pasa que uno pone su propio auto”. 

Gudiño aseguró también que “hay muchas alternativas para lograr tener el edificio propio y no se usan. Nosotros como delegados tenemos la propuesta de trabajar en conjunto. La respuesta en Córdoba por ahí es que no hay plata, no hay personal, no hay esto, no hay lo otro. Si no hay, veamos de dónde sacarlo, veamos de poner un poco cada uno. Porque yo pienso que, así como al poco tiempo que estuvo abierta la sede y se quiso cerrar el tribunal de Alta Gracia, se movió mucha gente y se trabajó en conjunto con el Colegio de Abogados, con los ciudadanos en general y con el gremio. Si hubo una movida tratando de evitar que se cerrara el Poder Judicial, hagamos una para que se abra un edificio propio”. 

La posibilidad de un edificio propio en el corto plazo ha sido rechazada desde el Tribunal Superior de Justicia. Tras casi treinta años de idas y venidas, de ofertas y negociaciones, de estudio sobre diferentes terrenos y de pago de alquileres para que funcionen los Tribunales en la ciudad, no hay nada concreto. Sin embargo, el reclamo por la existencia de un edificio propio existe en todos los sectores de la labor judicial. Aunque el fuego que impulsaba la construcción de un edificio propio sea solo brasas actualmente, bien puede calentar el agua en una olla a presión que quién sabe cuándo podría estallar.