Viernes 15 de Diciembre/16:46 hs
Nacionales

La Procuración creará una estructura contra “el extremismo violento”

El procurador interino Eduardo Casal firmó una resolución para armar una estructura que elabore una estrategia.

Diario Sumario. En plena etapa de transición de la Procuración General, el funcionario que quedó a cargo en forma interina, Eduardo Casal, ya empezó a dar señales para complacer al Gobierno: entre sus primeros pasos dispuso preparativos  para la creación de una "estructura dedicada a facilitar y elaborar una estrategia integral contra el extremismo violento y el terrorismo internacional”, según publica este martes Página 12.

La resolución justifica la iniciativa en razones genéricas como que se trata de un tema de "interés institucional” y que el "terrorismo internacional” es una "amenaza”. Ni en el ámbito de la Procuración o las fiscalías existen causas vinculadas a actos terroristas, con excepción del caso del atentado a la Embajada de Israel ocurrido en 1992, en el que el propio Casal es fiscal ante la Corte en una investigación que sigue sin producir resultados, y la causa del ataque a la AMIA, que tiene su propia unidad especial.

Lo concreto es que la Argentina ha adoptado con la administración de Cambiemos la agenda de seguridad que marca Estados Unidos y otros países como Israel, y en esa tónica utiliza un discurso que asimila el terrorismo a hechos de protesta. Con la desaparición de Santiago Maldonado, aunque antes también, se intentó asociar desde el discurso oficial a las comunidades mapuches con organizaciones terroristas. El Gobierno, además, se prepara para las reuniones del G20, en las que puede haber grandes manifestaciones anticapitalistas como ha ocurrido en otros países. En la Procuración aseguran que no apuntan a "hechos de índole local”. 

Casal está a cargo de la Procuración desde que Alejandra Gils Carbó se pidió licencia médica, en teoría hasta fines de esta semana, aunque es sabido que presentó su renuncia a partir del 31 de diciembre tras un proceso de desgaste que fomentó el Gobierno con denuncias y presentaciones para facilitar su expulsión.  

El Poder Ejecutivo mandó el primer proyecto de reforma del Ministerio Público el año pasado que incluía una sub procuraduría Antiterrorista, pero encontró una resistencia rotunda. La oposición lo cuestionó, porque las procuradurías  son estructuras permanentes que enfrentan y estudian fenómenos que no son coyunturales sino que representan los problemas criminales del país (como la trata de personas, la violencia de género, la narcocriminalidad, entre otros ejemplos).

Hasta Abuelas de Plaza de Mayo envió una carta donde mencionaba la sospecha de que se utilizara para reprimir la protesta social. Igual que los abogados de Derechos Indígenas, que ya alertaban sobre intentos de caracterizar luchas sociales o territoriales como "actos de terrorismo”.  


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