EDICIÓN IMPRESA

Qué está pasando en Cataluña

Incertidumbre en la política catalana tras unas elecciones marcadas por la represión del estado español.

Por Manel Barriere Figueroa
desde Barcelona
Especial para Sumario
 
El aplazamiento del debate de investidura el pasado 30 de enero en el Parlamento de Catalunya, ha abierto una etapa de incertidumbre en la política catalana. La aplicación del artículo 155 de la constitución española, después de la celebración de un referéndum de autodeterminación el 1 de octubre y de la posterior proclamación simbólica de la independencia de Catalunya, supuso la disolución del gobierno de la Generalitat, la intervención de la autonomía por parte del estado y el encarcelamiento de los principales líderes independentistas. El entonces presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, huyó a Bélgica junto a cuatro miembros de su gobierno. 

Las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, impuestas por el gobierno central, pretendían devolver Catalunya a la senda de la normalidad constitucional, pero fracasaron. La derecha unionista, Partido Popular y Ciudadanos, junto al socialdemócrata Partido Socialista de Catalunya, se volcaron en una campaña para defender la unidad de España y el cumplimiento de la Constitución, un poder central bajo el paraguas de la monarquía y una sola identidad nacional, agitando además el miedo a la inestabilidad económica. A pesar de la inesperada victoria de Ciudadanos con un 25,35% de los votos y 37 diputados, los tres partidos independentistas sumaron una nueva mayoría absoluta que minimizaba el éxito del primer partido unionista. 

Todas las encuestas daban como vencedores a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), quienes conseguirían por primera vez la preeminencia en el campo independentista frente a la derecha catalanista del Partit Demòcrata Català. Estos se presentaban con la marca electoral JuntsXCatalunya, en una lista compartida con algunas figuras de la sociedad civil. Pero mientras el líder republicano Oriol Junqueras se encontraba en prisión sin posibilidad de intervenir en campaña, Carles Puigdemont, cabeza de lista de JuntsXCat, lo hacía desde su exilio en Bélgica, representando para muchos catalanes y catalanas la legitimidad del gobierno que había proclamado la República pocos días atrás. JuntsXCat adelantó ligeramente a ERC, 34 escaños frente a 32, y los anticapitalistas de las Candidaturas de Unidad Popular (CUP) lograron otros 4 diputados, sumando entre los tres 70 escaños, dos por encima de la mayoría absoluta. 

Candidato vetado,
a disposición de la Justicia
Desde el primer momento, nadie planteaba otro candidato que no fuera Carles Puigdemont, pero el gobierno del estado interpuso un recurso al Tribunal Constitucional para evitar su nombramiento. Dicho tribunal vetó la investidura a distancia, obligando a Puigdemont a entregarse a la justicia española y a esperar una resolución favorable del juez instructor de la causa referida al proceso independentista. La consecuencia fue el aplazamiento del día 30 por parte de Roger Torrent, presidente de la mesa del parlamento y miembro de ERC.

El miércoles 31 de enero, la prensa española difundía unos mensajes privados de Puigdemont, en los que declaraba sentirse traicionado y daba por finiquitada la República catalana. Desde los sectores unionistas, se han interpretado esos mensajes como signo inequívoco de las divisiones en el bloque independentista y de su derrota. Nada más lejos de la realidad. ERC quiere que la investidura, sea quien sea el presidente, sirva para formar un gobierno estable que intente desarrollar la República, mientras JuntsXCat y otros sectores del independentismo siguen reivindicando a Puigdemont como único candidato posible, pese a las dificultades legales para su investidura. Una posibilidad que se baraja es la de una doble presidencia, investir a un sustituto y reconocer desde el parlamento catalán la legitimidad de Puigdemont como presidente simbólico. De no llegar a un acuerdo, podrían repetirse las elecciones. 

Masiva movilización popular
Por otro lado, el 2 de febrero se hizo público un acuerdo entre las tres fuerzas independentistas para impulsar diferentes medidas destinadas a materializar la República, tales como formar una "asamblea constituyente provisional” que impulsara un proceso constituyente participativo. Sin embargo, está por ver la capacidad real que puede tener el independentismo para aplicar estas y otras medidas, que sin duda supondrían un nuevo desafío al estado español. 

El referéndum de autodeterminación celebrado el 1 de octubre fue el momento álgido de un movimiento popular que llevaba más de 5 años tomando la calle de forma masiva y pacífica. Fue también una de las mayores movilizaciones populares de las últimas décadas en Europa, y estuvo, en gran medida, organizado por la gente de abajo, pueblo a pueblo y barrio a barrio. Muchos militantes de base recogieron en Francia, con su coche particular, las urnas que luego se usarían para votar. Fue esa misma gente la que defendió los colegios electorales de forma pacífica y masiva durante toda la jornada, ante un estado que desató una represión violenta desproporcionada que se saldó, según el Sistema de Emergencias Médicas, con 893 heridos. 
El objetivo final del procés es la independencia de Catalunya, pero sus principales reivindicaciones siempre han sido democráticas. República frente a una monarquía heredadadel antiguo régimen, derecho de autodeterminación donde este siempre se ha negado, reconocimiento de la identidad nacional catalana y de la legitimidad del pueblo catalán como sujeto político de pleno derecho. También han existido reivindicaciones históricas de tipo económico, referidas a las competencias sobre recursos e infraestructuras y a la política fiscal.

Dificultades presentes y futuras
Si bien la violencia del estado no impidió el referéndum, sí parece haber hecho mella en las dos principales organizaciones sociales del independentismo, Omnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana, cuyos líderes se encuentran ahora en prisión. Tras todos estos años impulsando movilizaciones de masas, tanto Omnium como la ANC parecen haber entrado en una lógica de enfrentamiento mínimo para no provocar un recrudecimiento de la represión. Esta nueva estrategia choca con la ambición del acuerdo entre las tres fuerzas parlamentarias del independentismo, cuyas medidas difícilmente podrán aplicarse sin una movilización sostenida que haga frente al inmovilismo del estado. La superación de esta contradicción, como la investidura y formación de un nuevo gobierno, son cuestiones por ahora en el aire. 

En este contexto, toman fuerza los Comités de Defensa de la República, organizaciones locales de base formadas alrededor de la CUP antes del referéndum, que mantienen una apuesta por la acción directa desde la resistencia pacífica. A pesar de ser organizaciones muy minoritarias, la persistencia en la estrategia represiva del estado, la posibilidad de un bloqueo institucional y la lógica desmovilizadora de Omnium y la ANC, puede propiciar un mayor protagonismo de los CDR. Más allá de la posibilidad, o no, de una República Catalana independiente, la movilización popular y su radicalidad van a definir la correlación de fuerzas entre dos bloques que, a día de hoy, siguen enfrentando votos y movilización ciudadana contra inmovilismo y represión estatal.   


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