EDICIN IMPRESA

De memoria

EDITORIAL

La institucionalizacin -en 2006- del Da de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, signific en Alta Gracia mucho ms que marcar un da en rojo en el almanaque. Su carcter inamovible, forz pronunciamientos en lugares donde se prefera optar por el silencio, como las escuelas y en las municipalidades.

Podra decirse que lo propio ocurri en todo el pas, y no estara errado. Pero el "infierno grande guarda particularidades que las grandes urbes suelen absorber o neutralizar. Santiago y Emi DAmbra lo vivieron en carne propia. La misma ciudad que antes les daba la espalda, le impuso el nombre de sus hijos a la calle en la que se sita la casa familiar que los vio crecer. Y los antiguos amigos que antes cruzaban de vereda al verlos, fueron reemplazados por nuevos compaeros en la lucha en defensa de los derechos humanos. Fueron invitados a los actos oficiales y recibieron distinciones.

No resulta anecdtico. Se trat de una reivindicacin merecida y reparadora, que llev aos después a Emi DAmbra a decir "siento que me reconcilié con Alta Gracia.

Desde hace poco ms de dos aos -con la asuncin de nuevas autoridades nacionales- a las pblicas expresiones negacionistas se le sumaron episodios represivos que han merecido la condena de organismos internacionales, ya se trate de la Organizacin de Estados Americanos (OEA), la Organizacin de las Naciones Unidas (ONU) u organizaciones humanitarias, como Anmista Internacional o Human Rights Watch. 

La persistencia de la existencia de presos polticos, casos de gatillo fcil, asesinados en operativos represivos, se alterna con iniciativas institucionales en aras de la impunidad, como el intento de instalar el 2 por 1 a condenados por delitos de lesa humanidad, o el otorgamiento de prisiones domiciliarias.

La doble vara de funcionarios nacionales, que por un lado le exigen a un juez que no investigue al polica Chocobar, mientras que por el otro apelan a que "la justicia decida si libera represores, abona un escenario propicio para la ofensiva de sectores antidemocrticos.

Este nuevo aniversario del inicio del Terrorismo de Estado en Argentina, llega con la amenaza del otorgamiento del beneficio de la prisin domiciliaria nada ms ni nada menos que a Alfredo Astiz, uno de los smbolos de la Dictadura Cvico Militar. A no olvidarse, "el ngel rubio demostr su herosmo infiltrndose entre las Madres de Plaza de Mayo para que fuera secuestrada su primera presidenta, Azucena Villaflor, o asesinando a la adolescente sueca Dagmar Hagelim y fue el primero en levantar la bandera de rendicin, sin disparar un solo tiro, cuando debi defender las Islas Georgias, durante la Guerra de Malvinas.

No obstante, una parte significativa de la sociedad acta como si hubiera naturalizado ese preocupante cuadro de situacin descripto. Habr que ver si efectivamente ese fenmeno se verifica o perdura en el tiempo. As como durante muchos de los aos en que gobern la anterior administracin, buena parte de la ciudadana toler a César Milani y las denuncias de hechos de corrupcin por acordar con procesos distributivos impulsados por aquel gobierno, dara la impresin que hoy es a la otra parte de los argentinos a la que le toca tragarse el sapo del autoritarismo para alcanzar la prometida revolucin de la alegra.

A pesar de ese marco adverso o quiz justamente por eso- en Alta Gracia el espacio de defensa de los derechos humanos contina creciendo, con escaso o nulo apoyo oficial, pero construyendo la legitimidad que invariablemente termina en la institucionalizacin.

No obstante, esa construccin demanda la generacin de espacios de interpelacin genuinos, capaces de superar la prctica de pescar en la pecera.

La proliferacin de discursos contra el carcter feriado del 24 de marzo, reinstalando la teora de los dos demonios que pone en pie de igualdad al Terrorismo de Estado con los delitos cometidos por organizaciones armadas; la reduccin del debate a los puntos de raiting de los trenes fantasmas de panelistas de TV; la insensibilidad absoluta ante el dolor de millones de personas, son los obstculos a superar en la edificacin de una sociedad sin privilegios. 
No podr lograrse sin Memoria, Verdad y Justicia.

Tampoco sin una autointerpelacin que permita el debate superador.

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