OPINION

Menéndez... no puso a la guerrilla de excusa

Por Jorge Conalbi Anzorena / Los dos demonios, falta de justicia para las víctimas de la guerrilla, libertad de expresión, contenidos educativos y otras obsesiones de estos días.

En marzo de 1991 –al cumplirse el 15° aniversario del golpe cívico militar de 1976- entrevisté a Luciano Benjamín Menéndez, recientemente liberado a través del indulto del entonces Presidente Carlos Saúl Menem.

La entrevista la publicó el diario Córdoba el 27 de marzo de aquel año. La recuerdo cada vez que me encuentro frente a la teoría de los dos demonios, hoy resucitada con virulencia.

Suelo tenerla fresca en la memoria, porque aquella vez –quizá influenciado por los vientos de impunidad que soplaban- Menéndez ofreció definiciones que echaban por tierra el argumento sosteniendo que la lucha contra la guerrilla justificaba la toma del poder por parte de las Fuerzas Armadas.

"La guerra contra la subversión comenzó en febrero de 1975, y yo le podría decir que por lo menos en mi jurisdicción –que comprendía las 10 provincias del norte- la subversión estaba militarmente derrotada antes del 24 de marzo de 1976”, reconoció el represor que por entonces se aprestaba a volver a los palcos oficiales y –como lo admitió en la misma entrevista- estudiaba la posibilidad de dedicarse a la política.

Acto seguido, y adelantándose a la repregunta, Menéndez explicó entonces que la dictadura "había subido para corregir los males de la democracia”.

Es decir, con la guerrilla militarmente derrotada durante el gobierno democrático, el destituido general hacía gala del rol de tutelaje que los hombres de armas tenían sobre el sistema político, reemplazando la voluntad expresada en las urnas por los argentinos, si los uniformados así lo creían necesario: "El Proceso ocurrió porque la democracia estaba en crisis, el partido que estaba gobernando no podía gobernar y la oposición no tenía soluciones. El objetivo del Proceso era allanar el camino a una democracia estable”, sostuvo Menéndez, en su particular versión sobre la implementación de un plan económico imposible de llevar adelante sin aterrorizar al conjunto de la sociedad para poder lograrlo.

 

De memoria

Tras conmemorarse el pasado 24 un nuevo aniversario del golpe, resurgieron cuestionamientos a lo que en Argentina es cosa juzgada, tal el caso del Terrorismo de Estado y su plan sistemático de exterminio, de acuerdo a lo dictaminado por la Justicia.

A las expresiones negacionistas de algunos funcionarios nacionales –incluido el propio Secretario de Derechos Humanos- se sumó la ausencia de un acto oficial para conmemorar el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia -instaurado en 2002 y declarado no laborable en 2005- y episodios de docentes que reclamaron "memoria completa” y justicia para las víctimas de la guerrilla. Así trascendieron los casos de la maestra de Buenos Aires y, más cerquita, el profesor de la Escuela de Minería de José de La Quintana. Pero hay muchos más.

Un país diseña los contenidos de su sistema educativo y establece las pautas a seguir por los educadores. Esas pautas –definidas como políticas de Estado- establecen una currícula destinada a formar a sus ciudadanos.

Seguramente a nadie se le ocurriría que un docente de matemáticas pueda decidir –ejerciendo su libertad de opinar- no enseñar a multiplicar o dividir. Sin embargo, a algunas personas les resulta natural que un docente de historia pueda alterar la currícula que debe cumplir. Fue por apartarse de los contenidos programáticos –y no por sus opiniones, incluso coincidentes a las de muchos funcionarios- que fue sancionada la maestra de La Boca, ejemplo que debería seguirse en todo el país.

 

Los "otros” muertos

Se intenta reavivar un debate que parecía saldado, apelando al sentido común, tratando de poner en pie de igualdad los supuestos delitos cometidos por particulares que las atrocidades implementadas desde un Estado Terrorista.

Con las organizaciones armadas militarmente derrotadas antes de 1976 –como sostuvo Menéndez en esa entrevista- las víctimas de la guerrilla merecían una respuesta de la Justicia que nunca llegó, porque la Dictadura reemplazó los procesos judiciales por la cacería humana a todo tipo de opositores para "allanar el camino a una democracia estable” que hizo realidad el plan económico de José Alfredo Martínez de Hoz. Y lo hizo apelando también a civiles que formaron parte de las bandas paramilitares.

La diferencia entre supuestos crímenes (ya que nunca fueron probados en tribunales y sus presuntos responsables sometidos a debido proceso) cometidos por ciudadanos alzados en armas, y los cometidos por la Dictadura, radica en que los segundos son delitos de lesa humanidad –por lo tanto, imprescriptibles- porque fueron impulsados y realizados desde el Estado, mientras que los primeros, prescribieron.

Paradójicamente, fue el Terrorismo de Estado –y no la democracia- quien les robó a los familiares de los muertos y heridos por la guerrilla, la reparadora sensación de justicia que reclaman.

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