La violencia de género también es una pandemia

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Edición Impresa 26 de junio de 2020 Diario Sumario

En el departamento Santa María, se cuentan ocho femicidios desde 2009 hasta la fecha. Verónica Presson, Valeria Villarreal, Deolinda Díaz y Aydeé Palavecino estaban en su casa cuando la atacó su agresor. Silvia Maddalena se encontraba en su consultorio odontológico trabajando. La mitad fue asesinada en su hogar y si se cuenta el lugar de trabajo, el porcentaje supera el 50 por ciento. Pese a los esfuerzos de muchos sectores de la sociedad por culpabilizar a las mujeres por el lugar en el que estaban, la compañía que frecuentaban o la forma en la que estaban vestidas al momento de ser atacadas, para muchas, quedarse en casa no es garantía de seguridad.

En 2019, el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina contabilizó 252 crímenes contra las mujeres. El 60 por ciento, ocurrió en la vivienda de la víctima. El 46 de las mujeres fue asesinada por un conviviente. En 2020, durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, las denuncias por violencia de género aumentaron un 40% en el país, según informó la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta el pasado jueves 25 de junio. Además, la Ministra anunció que la próxima semana presentará "el Plan de Acción contra las violencias".

En Alta Gracia, el Concejo Deliberante decidió en marzo pasado que sesionaría atendiendo principalmente los temas relacionados con la emergencia sanitaria causada por el coronavirus covid-19. Por eso mismo, se dejaron de lado muchos proyectos de ordenanza presentados con anterioridad. Sin embargo, uno de los temas que no se ha abordado desde hace tres meses tiene que ver con la violencia de género, que no está en pausa hasta que pase la pandemia. Se trata de un proyecto que podría “Crear la figura de “Licencia especial por violencia de género o contra las mujeres” en el ámbito de la Municipalidad de la Ciudad de Alta Gracia, complementándose al régimen de Licencias establecido por el artículo 36º de la Ordenanza Municipal Nº 2147”. Fue presentado por Manuel Ortiz, del bloque de Hacemos por Córdoba a mediados de marzo.

A nivel provincial, las mujeres que trabajan para la administración pública cuentan con esa figura legal desde 2015. Sin embargo, en una ciudad en la que se reciben 3.000 consultas al año en el Área de Familia, las empleadas municipales tienen que sacar carpetas psiquiátricas o inventar enfermedades cuando son víctimas de violencia de género y no pueden asistir a trabajar por ello.

De las 252 víctimas de femicidio que hubo en 2019, 185 tenían entre 18 y 59 años. La mayoría de las muertas estaba en edad de actividad laboral. Las políticas en materia de prevención, abordaje y erradicación de la violencia de género deberían ser prioridad, incluso en pandemia.

 

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